Las claves del caso Castor
¿Quién pagará la factura del cierre?
El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), por encargo del Ministerio de Industria, confirmando que la inyección de gas provocó más de 500 seísmos frente a la costa del delta del Ebro y Castellón, deja el proyecto Castor frente a un complejo escenario legal, técnico y judicial. Con el futuro de la instalación amenazado por razones de seguridad, y su cierre definitivo ahora como hipótesis más factible, emerge en el epicentro del conflicto la millonaria indemnización acordada en 2008 entre la empresa propietaria del Castor y el ministerio en caso de suspender la concesión.
Tras salir a la luz el informe, Escal UGS ha rechazado hacer ninguna valoración. “Estamos a la espera de la decisión del ministerio”, explica su portavoz. Industria asegura que no decidirá nada hasta que tenga las conclusiones de otro informe, encargado a expertos internacionales, y que el Castor seguirá cerrado sine die.
La concesión administrativa otorgada en 2008 por el Ministerio de Industria a la empresa incluyó una controvertida cláusula con el objetivo aparente de blindar la inversión, de 1.702 millones de euros. La cláusula establece que en caso de suspensión o finalización de la concesión la in- fraestructura pasará a manos del Estado, que deberá de indemnizar a la compañía con el valor neto del almacén de gas.
El Gobierno del PP presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para liquidar la cláusula, y aunque no prosperó, en su respuesta el Alto Tribunal advirtió que se podía “anular” en función de las “causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión”. El Supremo apuntó el dolo o negligencia de la empresa concesionaria como causas para desactivar la indemnización.
Ante una eventual pugna con Escal UGS, el Estado parece estar cargándose de argumentos con las conclusiones del Instituto Geográfico, descubriendo además que la falla que provocó la crisis sísmica no se había estudiado. Otro informe encargado por el Gobierno al Instituto Geológico y Minero, que aún no se ha hecho público, podría cuestionar también la seguridad de la instalación y la actuación de la empresa.
Un escenario en el que el Gobierno podría partir de los argumentos del Supremo para evitar la indemnización. Si no se llegase a un acuerdo con la empresa, podría abrirse una pelea legal de final incierto. “El laberinto y el proceso judicial pueden ser estratosféricos”, destaca Jordi Marsal, autor de Castor, la bombolla sísmica, libro que pone al descubierto buena parte de las deficiencias e irregularidades del proyecto.
El Supremo dijo que, en caso de actuación negligente o dolosa, la empresa podría no ser indemnizada