El PP evita que el Congreso cambie la ley para multar la morosidad
CiU pedía sanciones para empresas y administraciones que incumplen
El Congreso no cambiará la actual ley de morosidad para incluir sanciones a quienes la incumplan y evitar así la impunidad con que miles de empresas y administraciones lo siguen haciendo a pesar de la legislación que lo regula.
La Cámara rechazó ayer con como mínimo los votos del PP la toma en consideración de una proposición de ley de CiU que pretendía incluir elevadas multas tanto a las entidades públicas como privadas que incumplen los plazos de pagos estipulados en la ley aprobada en el 2010: 30 días para las administraciones públicas y 60 días para las empresas.
El portavoz económico del grupo catalán, Josep Sánchez Llibre, explicó ayer en su inter- vención ante el pleno del Congreso que, aunque ya está expresamente prohibido que una empresa renuncie el cobro en el plazo indicado, el no incluir en la ley vigente un régimen sancionador ha dado como resultado que se incumplan los plazos establecidos. En muchas ocasiones, esta práctica generalizada deriva en que las empresas encuentran una mayor dificultad para conseguir financiación en una época de escasez de crédito. “Queremos combatir los problemas derivados de estos impagos cuanto antes para evitar que más empresas echen el cierre”, expuso el diputado de CiU.
Un reciente estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) desveló que el plazo medio de pago en España se encuentra en 85 días, y apunta que en los últimos cuatro años, en que ha estado en vi- gor la ley, sólo se ha disminuido en 8 días. Asimismo, el trabajo señala que el 68% de las empresas encuestadas se ha visto obligado a cobrar a plazos superiores a los 60 días. También según datos de la PMcM, el plazo medio de pago de facturas por parte del sector público es de hasta 111 días, casi el cuádruple de los 30 exigidos por Ley.
No obstante, de poco sirvió que un compacto grupo de representantes de la plataforma que agrupa a más de mil organizaciones empresariales presenciase ayer el debate en las tribunas del público del Congreso. El diputado del PP Fernando López Amor realizó a primera hora de la tarde una intervención ambigua con el deliberado propósito de seguir negociando hasta que, ya por la noche, se llevase a cabo la votación. Sin embargo, las deliberaciones del grupo parlamentario que ostenta la mayoría terminaron por rechazar la detallada propuesta de CiU.
La proposición del grupo catalán CiU preveía multas que oscilan entre 6.000 y 900.000 euros en función de la gravedad de la infracción cometida. La proposición de ley recogía la habitual tipología de infracciones, desde leves a muy graves pasando por graves y establecía la horquilla de sanciones que corresponderían en cada caso.
El texto preveía incluso la posibilidad de que la Administración pudiese llegar a cerrar una empresa en los casos más graves de obstrucción a la actividad inspectora de quien tuviese la capacidad de realizar las comprobaciones oportunas.