Injurias, calumnias y amenazas en 140 caracteres
Los comentarios injuriosos son fáciles de perseguir, pero difíciles de castigar
El asesinato de la presidenta del PP de León, Isabel Carrasco, ha desatado algunos comentarios más que reprobables en redes sociales. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha ordenado investigarlos. Susana Camiño, una concejal socialista de Villagarcía de Arousa (Pontevedra), dimitió del cargo después de escribir en Facebook: “No quiero comentar, pero quien siembra vientos recoge tempestades”. Otra edil socialista gallega, Beatriz Martínez Sancho, del Ayuntamiento de Meis (Pontevedra), dio un paso más, en referencia al presidente de la Diputación provincial, Rafael Louzán (PP), y escribió: “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Tiembla, Louzán, que la gente anda muy desesperada y los sinvergüenzas que se enriquecen con dinero público terminan pagando. Parece esto Sinaloa... jaja”. Perseguir estos comentarios en las redes no es difícil. Castigarlos, sin embargo, no resulta una cuestión sencilla.
El análisis de lo que ocurre en las redes tiene un componente de dificultad en su gran volumen. España es el tercer país del mundo en interacciones en Twitter. Cuando suceden casos como el de León, con una gran repercusión mediática, los especialistas de la Policía Nacional se enfrentan a una avalancha de trabajo. La inspectora Silvia Barrera, de la unidad de investigación tecnológica, explica que en este caso la persona contra cuyo honor se atenta ha fallecido, por lo que “no hay denunciante ni víctima”. En los conflictos civiles privados, la persona ofendida puede presentar una querella. En este caso, los agentes policiales también deben valorar “la dimensión pública notoria y la repercusión mediática que tiene este asunto”.
“Analizamos los comentarios para saber qué es lo que podría ser delictivo”, señala Barrera, aunque los agentes son conscientes de que en los juzgados el 98% de los casos de este tipo acaban sobreseídos, porque los comentarios se suelen amparar en el principio de la libertad de expresión.
“Hay comentarios que son moralmente reprochables –observa la inspectora–, pero no vamos a denunciar todo lo que llega, porque colapsaríamos la justicia. Tiene que haber una proporcionalidad”. Los agentes tienen en cuenta, por ejemplo, si el comentarista injurioso tiene “un círculo de seguidores amplio y agresivo”.
La policía rastrea la red, pero eso supone mucho trabajo. “La red está plagada de comentarios
ACTUACIÓN POLICIAL La Policía Nacional investiga miles de comentarios sobre el asesinato de León
SEGUIMIENTO EFECTIVO Los agentes pueden acceder a un amplio rastro de nuestra actividad en internet
CONFLICTO PRIVADO Si la ofensa es entre particulares, obtener datos del infractor resulta complicado
y no tenemos una varita mágica que filtre los buenos de los malos”, señala Silvia Barrera.
Al menos, en la persecución de comportamientos delictivos, la tecnología acompaña a los policías. El anonimato, una falsa sensación que acompaña a muchos comentaristas en la red, es en realidad una ilusión. “Todas las acciones en internet dejan un rastro digital, de conexión, vinculado a otras informaciones”, explica Barrera. “Dejamos rastros en la red por todos los sitios”, sentencia. La policía puede acceder a esos datos si actúa de oficio o por mandato de un juez.
La cosa cambia si la persona que quiere averiguar quién le ha ofendido es un particular. Ahí el anonimato suele aguantar, como apunta Ramon Arnó Torrades, responsable jurídico de Familia Digital. “El éxito del caso depende, en gran medida, de la colaboración que preste la red social (mas fácil si está situada en España), del tiempo que transcurra entre la publicación del contenido y su investigación (ya que el proveedor quizás habrá borrado información), de la habilidad o torpeza del usuario que ha creado su perfil en la red y de si estamos ante un delito o una falta”.
Arnó Torrades añade que “difícilmente se autorizará por un juz-
gado que la compañía facilite los datos identificativos si no nos encontramos ante un delito, lo que en la práctica puede dejar impunes algunas infracciones penales calificadas de faltas”.
Desde el punto de vista legal, “virtualidad no equivale a impunidad”, afirma Ferran Lalueza, director de Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Hecha esta apreciación, este profesor experto en nuevas tecnologías apunta que no cree que pueda prosperar “ninguna iniciativa destinada a censurar los contenidos que circulan por las redes sociales”.
Este profesor de la UOC comparte el hecho de que abundan los comentarios de “mal gusto” por las redes sociales, pero considera que “la mayoría de esos mensajes no constituyen un delito”. De ahí que insista en que no “compete a la ley combatir estas malas prácticas, sino a la forma- ción”. Es el usuario el que debería tomar conciencia del impacto que pueden tener sus comentarios “y también aprender que, cuando retuiteamos un mensaje inapropiado, estamos extendiendo el daño que pueda causar aunque no seamos sus autores originales”. Y eso puede ser perseguido también penalmente.
Lo que ocurre con las redes sociales, añade Lalueza, es que “tendemos a ser más atrevidos, más lanzados, y decimos cosas que difícilmente diríamos a nadie a la cara. Este comportamiento resulta paradójico porque lo que decimos a través de internet puede llegar potencialmente a millones de personas y, además, esos comentarios quedan en la red de por vida”. Contribuye a esa osadía “el hipotético anonimato tras el que podemos refugiarnos”. Nada más lejos de la realidad.