Petición de cárcel
Manuel Bustos y la alcaldesa de Montcada, también acusados
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo solicita dos años de cárcel para el diputado del PSC Daniel Fernández y para el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos.
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha solicitado dos años de cárcel para el diputado del PSC Daniel Fernández; para el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos; para su hermano, Francisco Bustos, y para la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, por un presunto delito de tráfico de influencias, que habría sido perpetrado al alterar un concurso para colocar a una exalto cargo del gobierno tripartito en el consistorio moncadense.
Esta es la primera de las ramificaciones del caso Mercurio, en el que se indaga la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, que llegará a juicio en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) debido al fuero como diputado en el Parlament de Fernández, quien, a consecuencia de estas investigaciones, dimitió como secretario de organización del PSC. La operación Mercurio también le costó el cargo a Manuel Bustos.
El asunto se centra en las gestiones realizadas para encontrar un puesto de trabajo en una administración pública para Carmina Llumà, esposa del jefe de la aseso- ría jurídica del Ayuntamiento de Sabadell, y que al perder el tripartito las elecciones al Parlament fue relevada como secretaria general de Política Territorial.
Según el fiscal, los acusados “se concertaron para el nombramiento” de Llumà para directora del área territorial del Consistorio de Montcada, “utilizando el cargo que ocupaban y sabiendo de la ilegalidad” de lo que iban a hacer. La cronología arranca el 19 de enero del 2012, cuando Bustos le dice a su hermano que la ex alto cargo “está en el mercado” y si había “algún puesto por ahí que tengamos necesidad”. Ese mismo día se inician las llamadas a Montcada, cuyo Ayuntamiento convocó el 10 de abril del mismo año la plaza, que debía ser cubierta mediante un proceso de selección llevado a cabo por una empresa, que debía emitir un informe a un tribunal evaluador.
El 10 de mayo, Llumà fue declarada no apta por el tribunal y se inician una serie de contactos entre los hermanos Bustos, Fernández y la alcaldesa para cambiar esta calificación. El 16 de mayo, Fernández le dice a Manuel Bustos que irá a ver a Pérez y el 18 se produce una reunión en la sede del PSC, en la que se impone a la edil de Montcada modificar el resultado, tal como informó el diputado al alcalde en una conversación telefónica: “Yo les he dicho que cojan a la empresa y el no apta, que quiten el no”, lo que ocurrió. El nombramiento se produjo el 29 de mayo.
Además de la pena de prisión, la petición del fiscal lleva aparejada la inhabilitación por seis años. A María Elena Pérez también le imputa prevaricación.