Naufragio político
La Unión Europea tiene la inveterada costumbre de legislar a golpe de crisis. Se ha vuelto a ver con la del euro, un dramático acicate para tomar decisiones que en los años noventa eran imposibles. Con la inmigración, sin embargo, esta regla de oro no se cumple. Europa se declaró profundamente conmovida por la muerte de más de 300 inmigrantes en octubre en Lampedusa y se comprometió a tomar medidas, pero apenas ha hecho nada para evitar que la tragedia se repita, como ocurre cada día a cámara lenta en el Mediterráneo.
A escala nacional, en todas las latitudes del continente el debate sobre cómo afrontar la inmigración está monopolizado por partidos euroescépticos. En el Reino Unido, Francia y Holanda abogan por el cierre de fronteras a los extranjeros, vengan de dentro o fuera de la UE. Los gobiernos han reaccionado a la defensiva y el debate ha quedado orillado hasta después de las elecciones europeas. Será en junio cuando el Consejo Europeo consagre al fin una cumbre a debatir la reforma de la política de inmigración y asilo común. ¿Se evi- tará un nuevo naufragio político?
Ni los países del norte ni los del sur están satisfechos con la política de la última década. Los nórdicos se quejan de que ellos atienden a la mayoría de demandantes de asilo que llegan la UE, una obligación humanitaria; Suecia, que ha prestado una atención modélica a los refugiados de Siria, pide a la UE que corra con parte de los gastos. Al sur lamentan la falta de medios y voluntad política para que puedan proteger sus lindes, que son también los de la UE. España pide más recursos para defender la frontera con Marruecos y más acuerdos con los paí- ses de origen. Italia, adonde llega gran número de refugiados que huyen de la guerra de Siria y la pacificada Libia, aspira a reformar las reglas de asilo para darles movilidad en toda la UE. La próxima legislatura está llamada a abordar el problema, con un Parlamento Europeo con capacidad de codecisión para moldear las propuestas de la Comisión Europea. Los candidatos a presidirla coinciden en una: hay que abrir vías de inmigración legal, como hacen EE.UU. o Canadá, no sólo por humanidad sino –a la vista de las proyecciones demográficas europeas– por interés propio.