Francia se otorga el derecho de veto en la venta de Alstom
Decreto para reforzar el control de las inversiones extranjeras
El “patriotismo económico” francés vuelve a la carga. Sin apenas medios legales para influir decisivamente en la operación de venta de una parte de los activos del grupo Alstom, el Gobierno de Manuel Valls puso ayer remedio cambiando la ley y dotándose de hecho de un poder de veto. El boletín oficial publicó un decreto, firmado por el primer ministro, por el cual todas las inversiones extranjeras en los sectores estratégicos de la energía y los transportes –y, de paso, en algunos más– precisarán de la autorización del Ministerio de Economía.
El texto, impulsado por el ministro Arnaud Montebourg y hecho a medida del caso Alstom, entrará en vigor hoy mismo, lo que condicionará decisivamente las negociaciones con los dos potenciales compradores del grupo francés: el norteamericano General Electric y el alemán Siemens. El consejo de Alstom, que se inclina por la oferta estadounidense, se dio hasta el 2 de junio para decidir sobre ambas ofertas. En situación delicada, el grupo francés está decidido a vender a otro operador su división de energía –que supone más del 70% de su cifra de negocios– para pasar a centrarse exclusivamente en el
Bruselas advierte contra la tentación del proteccionismo y dice que verificará la legalidad del decreto
sector de transportes (trenes de alta velocidad, metros y tranvías)
Nada más ser anunciado el decreto, las autoridades de Bruselas dieron ya la señal de alerta. El comisario europeo de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, advirtió que la Comisión Eu- ropea “verificará” si respeta la legislación comunitaria y no es desproporcionado. “No aseguraremos una buena protección de la industria europea, su desarrollo, con proteccionismo”, añadió.
El decreto del Gobierno francés amplía considerablemente los sectores industriales protegidos por otro decreto anterior, del 2005, que eran básicamente los vinculados a la seguridad y la defensa. Ahora se añaden el aprovisionamiento de energía y de agua, la explotación de las redes y servicios de transporte y de comunicaciones electrónicas, así como la protección de la salud.
“Desde ahora, podemos bloquear cesiones (de empresas), exigir contrapartidas. Es un rearme fundamental del poder público”, declaró en una entrevista en Le Monde el ministro Arnaud Montebourg, enfrentado a la dirección de Alstom por haber negociado secretamente con General Electric a sus espaldas. Pese a los costes que podría representar a nivel del empleo, el patrón de Bercy se inclina por un acuerdo con Siemens, que permitiría –mediante la cesión a Alstom de la división de transporte del grupo alemán– la emergencia de dos grandes grupos industriales europeos. Pero el Gobierno está divi- dido y todo dependerá de las contrapartidas que los dos potenciales compradores estén dispuestos a poner encima de la mesa. Con el decreto de ayer, Francia ya no necesita mostrarse persuasiva: tiene los instrumentos para imponer sus condiciones.