Cosa de todos
Los conflictos de intereses y la corrupción surgen en la opacidad y se desarrollan en secreto. Con frecuencia, los casos de corrupción o las situaciones que pueden dar lugar a su surgimiento pasan desapercibidos a las autoridades competentes para investigarlos, mientras que podrían ser conocidos por personas cercanas a los implicados o a sus actuaciones, con lo cual es difícil que sean investigados con la celeridad que corresponde. La ciudadanía puede contribuir a prevenir los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción poniendo en conocimiento de las autoridades competentes –para su investigación y, en su caso, sanción– aquellas situaciones que, si no son gestionadas adecuadamente, pueden dar lugar a casos de corrupción. La propia ciudadanía reconocía en un barómetro del CIS en junio del 2011 que, tras gobiernos y jueces, es responsabilidad suya luchar contra la corrupción.
En los últimos años se ha ido reconociendo desde diferentes instancias internacionales la necesidad de impulsar mecanismos que faciliten la colaboración ciudadana en la prevención y la lucha contra la corrupción. En diferentes países se han ido poniendo en marcha mecanismos específicos para
A veces la colaboración ciudadana puede verse frenada ante el miedo a posibles represalias
facilitar que se desvelen situaciones de mala administración y de conflictos de intereses contrarios no sólo al ordenamiento jurídico, sino también a los estándares éticos que deben guiar la actuación de los altos cargos y empleados públicos. Pero en España, más allá de alguna experiencia, como la de la Oficina Antifrau de Catalunya, no existe una regulación específica de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Por ello, al hilo del debate en el Congreso sobre el proyecto de ley del ejercicio del alto cargo, sería oportuno y necesario reconocer el papel que la ciudadanía debe tener para luchar contra la corrupción informando sobre casos de conflictos de intereses y de mala administración.
Pero no podemos desconocer que a veces la colaboración ciudadana puede verse frenada ante el miedo a represalias de superiores jerárquicos, compañeros o de los que han de adjudicar un contrato u otorgar una licencia. Para evitarlo, y en sintonía con lo que recogen diferentes tratados internacionales y vienen reivindicando organizaciones como Transparencia Internacional, es necesario proteger al informante salvaguardando su identidad o evitando el contacto directo con el uso de los medios electrónicos. Es necesario garantizar que la colaboración ciudadana sea responsable, de buena fe y por motivos razonables, de modo que se evite que este compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción pueda convertirse en un instrumento arrojadizo usado con el único interés de perjudicar a la persona afectada.