La restricción del crédito eleva la presión contra la morosidad
Las empresas exigen al Gobierno sanciones contra los incumplidores
España ha convivido muchos años con la morosidad comercial, probablemente demasiados. Hasta el punto de que, siendo un mal endémico del país, ha tenido que producirse una grave crisis bancaria para que todos fueran conscientes de los perjuicios del fenómeno. Ahora, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a más de un millón de empresas, ha dicho basta y exige que el Gobierno legisle duras sanciones contra quienes incumplen los plazos de pago.
Siendo un problema eterno, el de la morosidad era una cuestión de segundo orden en tanto en cuanto existían líneas de crédito que solucionaban los obstáculos. Administraciones públicas y grandes empresas tenían por norma demorar sus pagos como fórmula de trabajo. Los proveedores, en muchas ocasiones cautivos por su sector o actividad, no tenían más remedio que recurrir a líneas de crédito que en el caso de las deudas de las administraciones se concedían sin mayor complicación. Eran un pagador fiable y seguro.
Históricos son los datos de la sanidad, algunos de cuyos hospitales llegaron a pagar a sus pro-
La reforma de la ley de morosidad del 2010 no ha solucionado los males de los impagos
veedores de material sanitario con 18 y hasta 24 meses de demora en los años noventa. Comunidades y empresas habían entrado en una envenenada dinámica en la que los concursos se inflaban artificialmente para incluir en el coste del servicio las abultadas cargas financieras.
La crisis del 2008 hizo explotar la situación. Muchas de esas administraciones no solo no podían pagar en plazo, sino que carecían de recursos para hacerlo ni tenían acceso al crédito. El problema se agravó porque en lugar de ajustarse el cinturón, optaron por seguir gastando mientras dejaban las facturas sin pagar en los cajones. Así hasta 40.000 millones.
Contra esas prácticas y para salvar el brusco cierre del grifo del crédito causado por la crisis bancaria se produjo la reforma de la ley de morosidad del año 2010. Se regularon los plazos con claridad: 30 días para las administraciones y 60 días para las empresas, pero se olvidaron de pagar lo atrasado y de anticiparse a lo que podía suceder. Y sucedió que, aunque existía una prohibición expresa, las administraciones y empresas con una posición dominante obligaron a sus proveedores a aceptar pactos secretos que multiplicaban los plazos de pago.
El Gobierno del PP se sacó de la manga entonces sus planes de pago a proveedores y su ley de deuda comercial. El primero debía hacer tabla rasa, pero lo cierto es que apenas terminado han comenzado a acumularse nuevas facturas que hacen pensar que este año habrá una nueva oleada del plan. La ley de deuda comercial, que entró en vigor este año, debía impedir que los ayuntamientos y comunidades pagasen a más de 30 días, pero sólo cuatro meses después son miles de consistorios los que pagan fuera de plazo.
Faltan las multas, que el Gobierno regule la coacción para evitar los atrasos crónicos, el abuso del que tiene el dinero para contratar e imponer las condiciones del contrato. Sin esas multas, sin regular las sanciones, la ley no servirá de mucho.