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La decisión de CiU de abstenerse en la proclamación de Felipe VI; y la resolución del BCE de rebajar los tipos de interés e inyectar 400.000 dólares para la economía real.
CONVERGÈNCIA i Unió ha decidido abstenerse en la votación de la ley orgánica de Abdicación, que debe dar cuerpo legal a la renuncia de Juan Carlos I al trono. Se trata de un mero trámite, de un asentimiento formal. Además, la ley tiene su aprobación garantizada con los votos de PP y PSOE –suman 295–, además de los de otros partidos con menor representación parlamentaria. Es verdad que IU-ICV, Amaiur y ERC votarán en contra. Y que el PNV coincidirá con la coalición nacionalista catalana en la abstención. Pero, de no mediar sorpresas, el sí recogerá 303 de los 350 votos hábiles, de manera que oponerse a esta ley, y más teniendo en cuenta su naturaleza y su alcance, tiene un rendimiento que calificaremos de incierto.
Naturalmente, todo grupo político tiene pleno derecho a votar según su conciencia o sus intereses y, en este sentido, se entiende que sectores izquierdistas aprovechen la situación de tránsito para hacer llamamientos en pro de una hipotética tercera república. (Por más que el caso también permita lecturas paradójicas, como la de una ERC que, al votar no a la ley, de hecho está obstaculizando la abdicación del Rey, como si pretendiera su continuidad.) Pero causa extrañeza que partidos como los de la coalición CiU, que tradicionalmente han mantenido relaciones cordiales con la institución monárquica, se decanten ahora por una abstención que puede ser recibida como una descortesía.
Portavoces del nacionalismo catalán basan su decisión en dos líneas argumentales. Por una parte, y obviando los contactos que hubo entre CiU y el Gobierno al respecto, se lamentan de que la ley habría llegado precedida de un acuerdo PP-PSOE, y eso evocaría el trámite de la reforma del artículo 135 de la Constitución en el 2011, de ingrato recuerdo para la coalición. Por otra parte, los nacionalistas parecen interesados en difundir la idea –ya ampliamente conocida, dada la excluyente omnipresencia del debate soberanista– de que todo lo que se relacione con el Estado español, incluida la monarquía, carece de interés para los catalanes. Es obvio que eso no es así para todos los catalanes. Pero esa es la idea que se reitera, ahora concretada en el concepto de desconexión, que ha empezado a manejarse para marcar distancias con un Estado del que los independentistas no piensan sino en alejarse.
En paralelo a este pronunciamiento, CiU ha deseado al sucesor de Juan Carlos I toda clase de aciertos y éxitos y de paso le ha reclamado “una especial atención sobre la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana, tanto en lo relativo al trato que recibe de las instituciones del Estado como al deseo de ser consultada sobre su futuro político”. Es decir, por una parte CiU ha desairado a la monarquía y, por otra, le pide ayuda.
La vida, dicen los castizos, es un ten con ten. Cierto es que ante envites mayores no caben tibiezas y procede adoptar posiciones firmes. Pero también lo es que no merece la pena molestar a un interlocutor cualificado cuando el posible rédito de la operación es nimio, por no decir inexistente. Dejarse llevar por una política de gestos, de corto plazo, y dañar así una relación como la que históricamente ha mantenido CiU con la monarquía sin ganar mucho a cambio carece de sentido. Los acuerdos –y no digamos las alianzas o los ocasionales apoyos– se logran sobre la base del diálogo, y este se verifica a partir de una buena relación, que acciones como la que nos ocupa no favorecen.