El régimen y el PSC
El proceso soberanista sigue acreditando su capacidad destructiva en Catalunya. Al sustituir el catalanismo transversal por el secesionismo encubierto en el llamado derecho a decidir, se ha fisurado a la sociedad catalana y resquebrajado su sistema de partidos. La CiU de ahora no es la de antes del órdago soberanista, ni lo es la izquierda en general ni el PSC en particular. La “voluntad de ser” de Catalunya –según feliz expresión de Vicens Vives– se ha llevado al extremo de aspirar a la secesión de España obviando la implosión del Estado si tal propósito se llevase adelante por las malas. Pero parece no haber contado que también podría descoyuntar Catalunya.
En ese cuadro de situación, el socialismo catalán –resultado de una transacción según la cual unos ponían los votos y otros la dirigencia catalanista– atraviesa un momento de tal crisis que ha de ser el sólido y permanente Miquel Iceta el que se haga cargo de una organización a la que el secesionismo ha enfrentado a un dilema bien expresado por Pere Navarro: la elección entre la madre y el padre, sea cual fuera, España o Catalunya, el progenitor o la progenitora. Navarro ha sido un hombre cabal al que le ha superado la situación, pero que ha actuado con mayorías aplastantes y al que la minoría afecta a los planteamientos secesionistas de ERC y CDC le ha hecho la vida imposible.
Ignoro si Miquel Iceta y el PSC seguirán apostando por la racionalidad de distanciarse de una consulta que ni es legal ni puede ser pactada tal y como acreditó el Congreso de los Diputados en abril, pero es seguro que si los socialistas catalanes giran y apoyan lo que en el mandato de Pere Navarro no asumieron, la izquierda española –en la que se engloba una buena parte de la catalana– tendría que mover la ficha que no ha querido usar estos últimos meses: recuperar la identidad de la federación catalana del PSOE y reinstalarla para que la deriva de un PSC afecto a las tesis soberanistas no hunda electoralmente en España a la orga- nización que fundó Pablo Iglesias.
De tal modo que se consumaría un nuevo divorcio, esta vez entre determinadas élites, antaño catalanistas y ahora secesionistas (Maragall, Elena), y los dirigentes de las masas de izquierdas del cinturón metropolitano de Barcelona. Sería un socialismo que debería plantar cara, no tanto a CiU cuanto a ERC que, además de llevarse por delante la hegemonía nacionalista de CDC y de Unió, ha arrebatado al PSC el cetro de la izquierda.
La razón de este hipotético movimiento –complicado, difícil– tendría que ver directamente con Catalunya,
Felipe VI puede arbitrar y moderar una solución constitucional, pero no otra que no lo sea
pero no exclusivamente, sino también con el conjunto de España porque sin una formación política que aquí nutra al PSOE en los comicios generales, el entero régimen de 1978 se tambalearía porque haría del partido que por el momento sigue dirigiendo Alfredo Pérez Rubalcaba una suerte de PASOK superado en Grecia por la Syriza de Tsipras. Y la izquierda española no se va a suicidar porque lo haga el PSC dando por buena la dogmática afirmación de que la centralidad catalana –sí, desde luego, la oficial– reside en el derecho a decidir. Dogmatismo que quizás unas elecciones plebiscitarias –si posible fueran– se encargarían de desmentir.
El error de Mas y de los partidos que con la consulta pretenden, afirmándolo con matices según quien lo diga, la segregación de Catalunya de España es la operación política más ruinosa del catalanismo porque es la más extrema, la más desgarradora, la más incierta y la que mayor coste comporta en todos los terrenos y, especialmente, en el europeo. Es tan exorbitante e innecesaria que hasta el mismo papa Francisco se ha pronunciado sobre ella con una extremada cautela ( La Vanguardia, 12/VI/14) y guarda paralelismo con la opinión de Obama con el planteamiento secesionista de Escocia (“tenemos interés en que nuestro aliado británico siga unido”, La Vanguardia, 6/VI/14).
Pronto habrá pronunciamientos internacionales sobre la cuestión catalana porque nadie debería engañarse sobre la determinación de Felipe VI sobre este asunto: su trabajo como jefe del Estado consiste en arbitrar y moderar una solución constitucional y, simétricamente, no asumir cualquiera otra que se aparte de la Carta Magna. Es fácil, en consecuencia, valorar de qué manera tan perentoria es necesario el PSC más allá de Catalunya. Lo es para el Principat, pero lo es para España y, muy en particular, para el régimen constitucional bipartidista de 1978, en la medida en que el socialismo sin Catalunya –ocurriría lo mismo sin Andalucía– sería un lisiado al que alcanzaría en la carrera el conglomerado populista-radical que parece querer emerger alentado por su tremenda crisis.