El exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola dice al juez que cobró comisión
Ramon Gironès pidió un 3% en una operación urbanística en l’hospitalet
Ramon Gironès, exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola, reconoció ayer ante el juez que cobró una comisión del 1% en una operación inmobiliaria, aunque comenzó pidiendo el 3%. Gironès defendió que el cobro fue legal.
Hubo comisiones, sí, pero legales y por trabajos efectivamente realizados. Ésta es, en pocas palabras, la tesis defendida en varias de las declaraciones prestadas ayer por once imputados por su participación en los negocios de Jordi Pujol Ferrusola. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llevó a cabo estos interrogatorios a lo largo de toda la jornada, con objeto de aclarar si en esas relaciones comerciales se produjeron irregularidades. Pero, obviamente, los imputados no las admitieron, a pesar de los diversos indicios que la Policía denunció en su momento en varios informes.
Los asuntos que se analizaron de forma más pormenorizada en los interrogatorios fueron los negocios realizados por Ramon Gironès Pagès, exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola, y por Carles Sumarroca Claverol, sin relación entre ellos. Ramon Gironès admitió haber pedido una comisión del 3% en una operación urbanística en l’Hospitalet, a lo largo del año 2005. Pero subrayó que su exyerno no tuvo participación en las conversaciones y acuerdos.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los terrenos fueron comprados por Novensauro Inmobles, filial de la constructora Copisa, a la sociedad Focio y reportaron al exsuegro de Pujol Ferrusola un total de 300.000 euros (el 1%) después de que los hijos del propietario de la empresa, que falleció el mismo mes que se cerró el acuerdo, se negaran a pagar el 3%. Gironès Pagès, que era director de Servicios en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro del Consell Comarcal, ha explicado que se repartió esta comisión con Xavier Corominas, que trabajaba en el Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Barcelona y ayudó al propietario de Focio en los trámites técnicos y jurídicos que tenían que hacer para la operación.
Ramon Gironès manifestó que se le “abrió el cielo” al saber que le iban a ofrecer un 3%, y añadió que “por elegancia”, ya que trabajaba en la Administración, pidió que la factura fuera a nombre de su esposa, Mercè Riera, también imputada en el procedimiento. A su vez, la esposa manifestó: “Yo soy una señora de mi casa dedicada a mi familia, y firmé lo que me dijo mi marido”.
El exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola contó con la ayuda del citado arquitecto, Xavier Corominas, quien también declaró ayer como imputado. Corominas pres- tó labores de asesoría para la familia Cutillas, propietaria del terreno, y una filial de Copisa (empresa que facturó numerosos trabajos a Pujol Ferrusola), compradora de la finca, mediante la presentación de un contencioso en el Consistorio para conseguir su recalificación. Gironès nunca le dijo –manifestó Xavier Corominas– que fuera a repartir con él comisión alguna y añadió que a él le prometieron que le pagarían el 1% de la venta, que cobró mediante cuatro talones, uno a abonar en el momento y los otros tres en tres años.
Carles Sumarroca Claverol, a su vez, explicó al juez que contrató a Jordi Pujol Ferrusola en una ocasión, y aportó documentos para demostrar que el trabajo encargado fue real, se realizó, y que se pagó a precio de mercado. El contrato lo hizo en su condición de consejero delegado de la empresa EMTE, y Jordi Pujol hijo efectuó los trabajos encargados entre el 2008 y el 2009. A resultas de las gestiones realizadas, EMTE decidió constituir una filial en México, con el nombre Desinema. Jordi Pujol hijo cobró 132.800 euros, un precio que se consideró razonable. Carles Sumarroca Claverol también quiso aclarar que el peso de la adjudicación de obra pública de la Generalitat es inferior al 5% en la facturación global de EMTE. Añadió que el volumen de contratación citado no ha sufrido variaciones significativas con los cambios de gobierno.