Negociar una salida
Oriol Rusca Nadal, decano del Col·legi d’Advocats de Barcelona, también apuesta por el diálogo: “Es evidente que hay un ‘problema catalán’ –como recogen las encuestas– que es también un problema español. Nuestros gobernantes tienen la obligación de afrontar el problema de cara y buscarle una salida. Esa es su razón de ser como políticos. Y en esa labor muchos estamos dispuestos a colaborar”.
Este pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Catalunya una jornada reivindicativa que, aunque desprovista de valor jurídico, ha tenido gran contenido simbólico, con un alto nivel de participación. Se ha cerrado, creo, un ciclo de tomas de posición y manifestaciones populares en torno al “derecho a decidir” y su reivindicación.
¿Y ahora qué? La respuesta es esencial, pero están obligadas a darla las instituciones políticas. Se abre una nueva oportunidad de dialogar, de negociar y pactar. Sería irresponsable desperdiciarla.
El 9-N había adquirido valor de símbolo para parte importante de la sociedad y de las instituciones catalanas, dejando en segundo plano otras cuestiones básicas para el país. En contraposición, y por razones totalmente diferentes, también tenía gran trascendencia para el Gobierno español, que recurrió ante el Tribunal Constitucional la “jornada participativa”, de carácter menos formal que la pretendida consulta inicial.
Culminada esta fecha crucial, es el momento de plantearse nuevos escenarios y perspectivas desde la lógica del win-win, del “todos ganamos”. Los partidarios de la consulta se han movilizado y el Estado ha mantenido la legalidad constitucional. Todos han ganado y todos han renunciado a algo.
No hablo de pasar página ni mucho menos, pues soy consciente de que la historia está tejida de sucesivas aportaciones. El 9-N ocupará un lugar destacado en el imaginario catalán, aunque bueno es recordar que el entusiasmo o el convencimiento no pueden sustituir las garantías democráticas que deben acompañar a los procesos que se pretenden representativos de la voluntad y la pluralidad popular.
Sería bueno que se hablase más desde la política y menos desde la apelación constante a la ley y a los tribunales. Hay demasiada judicialización de la vida política (y no sólo en el “tema catalán”), cuando la iniciativa debe corresponder a los actores políticos. Así el propio Tribunal Constitucional se expresaba en la sentencia del pasado mes de marzo a propósito de la declaración de soberanía aprobada por el Parlament de Catalunya: aun rechazándola, señalaba sobre el tan controvertido “derecho a decidir” que es una “aspiración política” que si se canaliza mediante un proceso ajustado a la legalidad tiene cabida en la Constitución y dicha aspiración política puede, incluso, pretender “modificar el fundamento mismo del orden constitucional”.
Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha actuado en demasiadas ocasiones como sustituto de la iniciativa política, ha sido el parapeto de los políticos para eludir sus responsabilidades. Las idas y venidas al Tribunal Constitucional, incluso al Tribunal Supremo, por parte de todos, son episodios de una etapa que debe ser superada.
La judicialización de la política es nefasta y rompe con el Estado de derecho, pues la Justicia ni puede ni debe dar soluciones políticas, que sólo competen a los políticos –que han de asumir sus responsabilidades–, y la Justicia politizada deja de ser Justicia, y provoca su descrédito.
La Constitución no puede convertirse en la excusa que frene las iniciativas de cambio, como tampoco puede limitarse solamente a aspectos relacionados con la integridad territorial del Estado. La Constitución debería garantizar los derechos y libertades (trabajo, vivienda, salud, acceso a la justicia, educación...) que la crisis ha desarbolado. Pero este es otro tema.
Ha llegado el momento del diálogo, de explorar seriamente por parte del Gobierno de España y del Govern de la Generalitat las posibilidades de una reforma constitucional que responda a las aspiraciones de la ciudadanía catalana, que probablemente no se sentirá plenamente satisfecha hasta que pueda expresarse en las urnas, de manera legal y acordada, sobre el tipo de relación entre Catalunya y el conjunto de España. Es evidente que hay un “problema catalán” –como recogen las encuestas– que es también un problema español. Nuestros gobernantes tienen la obligación de afrontar el problema de cara y buscarle una salida. Esa es su razón de ser como políticos. Y en esa labor muchos estamos dispuestos a colaborar.
El Colegio de Abogados de Barcelona es heredero de una rica tradición que se remonta a casi dos siglos: en nuestra biblioteca, se guardan valiosos ejemplares de las constituciones de Catalunya entre 1481 y 1706 que ayudan a subrayar la solidez de la aspiración al autogobierno, tan persistente como la realidad de la lengua, la cultura, el derecho civil, la ambición de tener una sociedad próspera, justa, tratada con ecuanimidad.
La sociedad catalana es muy plural, como lo es el Colegio de Abogados. Los abogados sabemos que siempre es mejor el acuerdo, el consenso, la negociación y la mediación que el conflicto que acaba en litigio. Somos muchos los que en Catalunya y fuera de ella creemos en el valor de la palabra, del diálogo, el debate y de la necesaria reforma de las leyes para adecuarlas a la realidad. Sólo falta que nuestros políticos se pongan a la altura de la sociedad.
Es su obligación.