Los funcionarios de Justícia podrán cobrar la extra de Navidad del 2012
Una sentencia condena a la Generalitat a abonar la paga extra de Navidad del 2012 a los funcionarios de Justícia de Catalunya, que les fue retirada por las medidas de austeridad. Esto supone unos quince millones de euros, entre sueldos e intereses legales, y afecta a unos siete mil trabajadores de la administración.
El litigio se inició por una demanda planteada por un delegado del sindicato CSIF, que también tiene presentadas reclamaciones similares por la paga de diciembre de 2013 y piensa hacer lo mismo si se suspende la de 2014. La sentencia, dictada por el juzgado contencioso 17 de Barcelona, sólo puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
La cuestión que destaca el ma- gistrado, y que era el núcleo de la reclamación de los demandantes, es que no se pueden adoptar medidas retroactivas, que afecten a abonos ya consolidados por la legislación. En este caso concreto, los honorarios de los funcionarios de la administración de justicia vienen determinados en los presupuestos generales del Estado, aunque su pago corresponda hacerlo a la Generalitat de Catalu- nya. La modificación de esta ley orgánica para ahorrarse esta partida entró en vigor el 29 de diciembre de 2012, y como la paga extra es un salario diferido, ya no podía restarse de las nóminas.
El magistrado estima que la jurisprudencia es repetida en el sentido de que las leyes nunca se pueden aplicar de forma retroactiva. “Las retribuciones de los funcionarios”, dice la sentencia, “se pueden limitar, reducir o congelar por ley, pero no con carácter retroactivo, pues aquí actúa la barrera de los derechos adquiridos, como avalan las reiteradas sentencias de la sala tercera del Tribunal Supremo”.
Según el CSIF, la sentencia es aplicable a los funcionarios titulares e interinos de justicia en Catalunya entre septiembre y diciembre de 2012. Se trata de unos siete mil trabajadores de la administración, de los que están excluidos los miembros del Instituto Nacional de Toxicología y los secretarios judiciales, adscritos directamente al Ministerio de Justicia. Dependiendo de su nivel salarial, según el sindicato, se les han de pagar de 1.200 a 1.800 euros a cada uno, que suponen unos trece millones de euros, pero que alcanzan los quince porque deben tenerse en cuenta los intereses de demora.