Desahucio para automóviles
ESTABLECER una especie de desahucio inmediato de los automóviles en caso de impago puede ser una medida polémica, pero no deja de ser justa, y, en cualquier caso, sería necesaria para que los vendedores no se vieran demasiado perjudicados, ya que podrían volver a ponerlos rápidamente a la venta en el mercado de ocasión. Esta es la propuesta que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha realizado al Gobierno para agilizar el mercado de compraventa, junto con otras medidas con el mismo objetivo, como es la reducción o supresión del impuesto de matriculación.
El retorno inmediato de los vehículos por impago tendría otro importante beneficio adicional como sería una probable mayor facilidad en la concesión de préstamos por parte de bancos y financieras, así como la posibilidad de que lo hicieran a tipos de interés más bajos que los actuales, dadas las mayores garantías de cobro que el citado sistema permitiría. En la actualidad se tardan meses, e incluso años, en recuperar los coches impagados, lo que hace que la financiación de las operaciones de compra obligue a establecer más cautelas de las necesarias y tipos de interés elevados para cubrir las eventuales pérdidas.
Los directivos de Anfac, pese a todo, no tienen demasiadas esperanzas en que esta propuesta salga adelante, ya que creen que puede ser considerada como una medida impopular desde el punto de vista político. Pero no debería ser así. En primer lugar porque los automóviles, salvo excepciones, no constituyen un bien de primera necesidad, como puede ser la vivienda. Y, en segundo lugar, porque una fórmula como la propuesta beneficiaría a todos: al propio sector y al conjunto de la economía, en la medida en que se venderían más coches y con una financiación más barata, sin despreciar el hecho de que favorecería también una decisión de compra más responsable. Lo que no tiene sentido es, precisamente, que suceda lo contrario: que en España sea tan difícil recuperar un automóvil cuyos plazos de pago no se cumplen. En cualquier caso no se trataría de inventar nada, sino tan sólo de copiar una legislación que ya se aplica con éxito en algunos países, como la propia Alemania.
Si con medidas de sentido común como la que ha propuesto Anfac, que no cuesta un euro al erario público, se puede contribuir a dinamizar el mercado español del automóvil, con la consiguiente mejora del empleo, no parece sensato que no se lleve a cabo con la máxima celeridad posible.