Los fiscales catalanes no ven motivo para perseguir a Mas
Seis de los nueve fiscales del TSJC rechazaron la querella en una reunión El Gobierno de Rajoy, molesto con Torres-Dulce por su retraso en actuar
El Parlament se inculpa en solidaridad con el president
El Parlament asume “de forma solemne y colectiva” las consecuencias de una querella por el 9-N. La moción fue aprobada ayer con los votos de CiU, ERC, ICV y la CUP. Estas formaciones, salvo Iniciativa, apoyaron constituir un grupo de trabajo para un proceso constituyente hacia la “futura República” de Catalunya. En el Parlament, el president Mas recibió ayer a Oriol Junqueras (foto), Miquel Iceta, Joan Herrera y David Fernàndez para evaluar los siguientes pasos tras el 9-N.
La querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat por el 9-N se retrasa. El motivo reside en las dudas de los propios fiscales sobre el contenido y alcance del texto. De hecho, en una reunión dedicada a estudiar el borrador del escrito, seis de los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se mostraron contrarios a presentar la querella en los términos que figuraban en la propuesta remitida desde la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Gobierno no contempla otra posibilidad que la presentación de la querella. Por su parte, el Fiscal General del Estado negó ayer que recibiera presiones. Por el momento, el criterio es que sea únicamente contra Artur Mas y Joana Ortega por desobediencia.
En todos los ámbitos de la Fiscalía también han generado malestar y estupor las injerencias políticas de los últimos días, mediante declaraciones que daban por supuesta la presentación de una querella que aún se estaba elaborando. Esta situación explica el que el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mantuviera una actitud más bien pasiva en la reunión que tu- vo lugar anteayer con el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada. La Fiscalía General controlará la redacción final, pero, por las discrepancias con los fiscales de Catalunya, ha querido que sean estos los que lleven adelante la querella. En un acto ayer en Madrid, Torres-Dulce declaró que “estoy esperando la de- cisión de Barcelona. Y una vez reciba la decisión tomaré por mi parte también la decisión correspondiente”.
El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado remitió un borrador de querella a la Fiscalía del TSJC, que fue discutida en una reunión de los fiscales adscritos a este departamento. Hay nueve, y según fuentes conocedoras del asunto, seis de ellos se mostraron contrarios a iniciar esta acción penal en los términos en que se planteaban en el documento.
El motivo es que no creían que hubiera suficiente materia penal para sustentar los delitos que se proponían, que eran usurpación de funciones, prevaricación y des- obediencia. El primero quedó descartado. La prevaricación era difícil de sostener, porque no hay resoluciones escritas y además existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que tiende a descartarla. Y la desobediencia se consideró complicada, porque se trata
UN SOLO DELITO El criterio actual es proceder sólo contra Mas y Ortega por desobediencia
SERIO DES ENCUENTRO El fiscal general apenas intervino en la reunión con los fiscales de Catalunya
de un acto político, y los discrepantes opinan que no se debe llevar al terreno del derecho penal.
La intención de la Fiscalía de Catalunya es continuar con el proceso, de acuerdo con las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, pero hacerlo con garantías de que puede prosperar y no encontrarse con que del TSJC la rechaza. En este sentido, los
fiscales que deben plasmarla se encuentran en una difícil situación ante las presiones e injerencias políticas a las que se ven sometidos, sin tener en cuenta que en Catalunya llevan trabajando en este asunto desde hace ya días y siguieron el desarrollo del proceso participativo a lo largo de todo el fin de semana.
En este momento, la postura de la Fiscalía del TSJC es acusar sólo a Artur Mas y a Joana Ortega únicamente por desobediencia, que es la cuestión que ven más factible, aunque el escenario es tan volátil que puede cambiar. Todo indica que hasta la semana que viene no habrá una decisión definitiva.
Tardará más o menos, pero el Gobierno no contempla otra posibilidad que no sea la de que la Fiscalía presente una querella contra los responsables de la Generalitat que a juicio del Ejecutivo se saltaron la suspensión de la consulta y del proceso participativo que decretó el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, de hecho, confiaba en que la querella fuera inmediata. Ve tan clara la ilegalidad de responsables políticos como Artur Mas, Joana Ortega y los consellers de Interior y de Educación, que esperaban que la acusación fuera inmediata. Una vez que se vio que las prisas no eran compartidas por la Fiscalía, El presidente Mariano Rajoy cruzaba los dedos para tener presentada la querella cuando compareciera ante los medios de comunicación, pero tampoco llegó. Sin embargo, las fuentes gubernamentales consultadas aseguran que siguen trabajando con el escenario de que la querella será presentada, aunque “con los tiempos de la Justicia, que no tienen nada que ver con los de la política”.
Dirigentes del PP siguen haciendo declaraciones empujando a la presentación. Y es que el PP considera que los datos que avalan que el Govern se ha saltado la suspensión del Constitucional son suficientes para actuar, y achacan el retraso no tanto a la Fiscalía de Catalunya, sino al fiscal general del Estado, con quien siempre han sido muy críticos, también en lo que tiene que ver con los casos de corrupción que afectan al PP. Cosa que atribuyen a que el nombramiento fue decisión personal del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.