La protesta mexicana gana violencia y se extiende por el país
Los jóvenes incendian edificios públicos, cortan carreteras y ocupan aeropuertos
La furia del México bronco estalló y su onda expansiva sacude ya varios estados. El movimiento de protesta ante la desaparición y probable asesinato de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre en Iguala a manos de policías y sicarios cimbra el país. Incendios y destrozos en edificios públicos, toma de peajes, ocupación de aeropuertos, bloqueos en carreteras, manifestaciones y mensajes de condena se multiplican con el paso de las horas. El descontento, expresado pacíficamente hasta ahora, ha mutado en varias acciones de violencia que amenaza con salirse de control.
La más alarmante ocurrió el miércoles en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, de donde son originarios los jóvenes ausentes. Allí, un grupo de unos 600 maestros incendió la sede del congreso local, quemando la documentación que encontró a su paso, y prendió fuego a otros dos edificios oficiales. Las llamas solo causaron destrozos materiales y no hubo víctimas que lamentar, pero la virulencia de los hechos describe el tono que han adquirido la protesta.
Mientras eso ocurría, estudiantes de varias escuelas rurales y de
Seiscientos maestros prenden fuego a la sede del Congreso de Guerrero en Chilpancingo
la normal de Ayotzinapa –donde se formaban los 43 desaparecidos– bloquearon el tránsito de varias carreteras y de la autopista que comunica la Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco. Como acostumbran, los jóvenes, en su mayoría encapuchados, tomaron los peajes, suspen- dieron el cobro de cuotas y solicitaron a los automovilistas dinero para apoyar a las familias de las víctimas. El día anterior, los manifestantes habían incendiado la sede local del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ocupado el aeropuerto de Acapulco.
Desde Guerrero, la ola de indignación se propagó a otros estados con el propósito de exigir resultados en la investigación de la tragedia y castigo a los culpables.
En el vecino Michoacán, los estudiantes ocuparon el acceso al aeropuerto de Morelia, su capital, mientras otro grupo destrozaba ventanas y muebles en la sede del PRI. Al otro lado del país, en Veracruz, una concentración de jóvenes irrumpió en el itinerario que seguía la antorcha de los Juegos Panamericanos y del Caribe, que se inauguran hoy con la participación de unos 5.700 atletas. La zona registra altos índices de inseguridad y es territorio que se disputan los sanguinarios carteles del Golfo y los Zetas.
Más al sur, en Oaxaca, estudiantes de magisterio retuvieron autobuses de transporte urbano, tomaron peajes en la autopista que cruza la región mixteca y ocuparon el edificio de la secretaría de seguridad pública, exigiendo la dimisión de un comandante de la policía estatal que ingresó a las instalaciones de una de sus escuelas disparando contra los jóvenes que allí se manifestaban exigiendo la presentación con vida de los 43 desaparecidos hace un mes y medio en Guerrero.
Alarmado por la escalada de la movilización, el gobierno de Estados Unidos llamó a la cordura y pidió a las autoridades mexica- nas celeridad en la investigación de la tragedia de Iguala. “Urgimos a todas las partes a mantener la calma durante el proceso”, dijo la portavoz del departamento de Estado, Jen Psaki, que instó al gobierno mexicano a llevar a los responsables de los hechos ante la justicia. “Este crimen atroz y bárbaro debe ser investigado de forma completa y transparente, y los culpables llevados ante la justicia sin demora y castigados consecuentemente con respeto a las garantías procesales y al estado de derecho”, añadió Psaki.
La funcionaria no quiso opinar sobre la eventual asistencia técnica de Naciones Unidas para escla-
Estados Unidos pide al Gobierno mexicano que esclarezca cuanto antes el crimen de los 43 estudiantes
recer el caso. “Es una cuestión que deben discutir México y la ONU”, observó.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que ha llegado a un acuerdo para asistir al gobierno mexicano en el esclarecimiento del caso, aunque no precisó los términos de su colaboración. El pasado mes de octubre, durante una audiencia pública en Washington sobre la situación de los derechos humanos en México, los representantes de los estudiantes desaparecidos y sus familias solicitaron al organismo apoyo técnico en la investigación.