Barcelona: miles de pisos vacíos y 20 desahucios al día
La ciudad admite que sus esfuerzos todavía son “insuficientes” para mitigar todos los desalojos La oposición y la PAH piden celeridad con las sanciones a los bancos por tener viviendas sin uso
Una simple paradoja enmarcaba ayer el debate del pleno municipal sobre desahucios: hay cientos, miles de pisos vacíos, mientras hay cientos, miles de familias que han perdido o están en riesgo cierto de perder su vivienda por no poder pagarla.
En el pleno se discutieron los instrumentos de la administración para hacer frente al drama de los desahucios: ayudas a familias, atención social y techo a los que pierden su vivienda, construcción de pisos sociales, con alquileres asequibles, y lo que se llama “captación y movilización” de pisos vacíos, es decir: usar los que ya existen y que mayoritariamente están en manos de entidades financieras.
Desahucios (20 al día en Barcelona, incluyen pisos, comercios y oficinas, según fuentes judiciales) y pisos vacíos (400 sólo en tres barrios, 80.000 en toda la ciudad, según los activistas antidesahucios) son y serán un tema central del debate político a medio año de las municipales.
El Ayuntamiento de Barcelona cuenta desde hace unos días con un instrumento para avanzar en esa línea. Es una medida de gobierno que viene a reglamentar la conocida como “moción PAH” (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) aprobada a principios de año. Con ella, el Ayuntamiento instará a bancos y cajas con pisos vacíos (de momento ha localizado casi 400 en sólo tres barrios) a ponerlos en el mercado, o cederlos como viviendas de alquiler asequible. Y si no, se les sancionará, con multas progresivas, de 900 euros, que pueden llegar a 9.000.
La oposición municipal y las entidades más activas contra los desahucios (la PAH, la Federación d’Associacions de Veïns, entre otras) considera que esta y otras actuaciones ya en marcha o en preparación son insuficientes, y piden acciones y sanciones inmediatas.
Antoni Vives, teniente de alcalde de Hàbitat Urbà defendió que se ha hecho un gran esfuerzo en vivienda social, y ayuda a las familias, pero reconoció que “no es suficiente”. Vives achaca esta insuficiencia a que “en el 2011 –cuando Trias asumió la alcaldía– partíamos de cero”.
Por lo que el problema tiene de drama y de político, el debate de ayer fue agrio y duro. El pleno, celebrado a instancias de ICVEUiA, no incluía la presentación
JAUME V. AROCA “El problema cada vez más habitual es que no hay ningún ingreso con el que negociar”, resume un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ciutat Meridiana, el barrio de Barcelona más castigado por los problemas de vivienda.
Ya sea con la administración o con los bancos que aceptan negociar ante un caso de desahucio o lanzamiento, la contrapartida es siempre el dinero. Por norma general, en este tipo de negociaciones se admite que como mínimo la familia pague el 30% de los ingresos. En el caso improbable de que ganen mil euros pagarán 300, pero si ganan 100 euros, pagarán 30.
La propia administración municipal y los bancos, presionadas por las organizaciones vecinales, establecieron este baremo como fórmula para salvar muchos desahucios. El problema al que se enfrentan lo propietarios, públicos o privados, de estas viviendas es que cada vez es más habitual que las familias con las que deben llegar a un acuerdo no tienen ningún ingreso. Es decir, como advertía el vecino de Ciutat Meridiana, no tienen nada con qué negociar.
Según el Instituto Nacional de Estadística en España hay unos 750.000 hogares en los que todo sus miembros carecen de empleo. El último informe del observatorio de la Creu Roja presentado el pasado septiembre estima que el 64% de las familias a las que atienden sus servicios de ayuda humanitaria en Catalunya carecen de empleo y el 40% de ellas no tienen ningún ingreso.
Se estima que de los cerca de cinco millones de parados que hay en España, 3,5 lo son de larga duración, es decir, llevan más de
un año sin empleo y el 39% de ellos, llevan hasta cuatro años sin encontrar trabajo.
Por norma general el subsidio de desempleo y las ayudas familiares duran un máximo de dos años. Luego, en función de las prestaciones de cada comunidad, estas familias pueden tener acceso a la una renta mínima cuya reglamentación se ha endurecido en todas partes. Si la pierden, se quedan con cero ingresos.
Este es el colectivo que ahora preocupa más a la propia administración, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a muchas organizaciones del tercer sector.
En un callejón sin salida, para estas familias, la opción de ocupar una casa es en el fondo una temeridad porque tan pronto violentan un piso se les excluye de los programas de vivienda pública.