Viviendas públicas a dedo en Mataró
El exgerente de Urbanismo facilitó un piso a su hijo
La fiscalización que desde el inicio de la legislatura impone el Ayuntamiento de Mataró en la sociedad urbanística municipal Pumsa para sanear los cerca de 30 millones de deuda acumulados no está exenta de escándalos. El último, la detección de varios contratos de alquiler de viviendas de protección oficial adjudicados irregularmente a familiares de funcionarios. El caso que ha trascendido es el del exgerente de la entidad, César Fernández, cesado a primeros de año, que concedió un piso a su propio hijo.
Desde que la empresa urbanística –durante 30 años gestionada por el tripartito municipal (PSC, ICV y ERC)– rozó el concurso de acreedores, el gobier- no actual (CiU) impuso un gran número de recortes. Así, la nueva dirección está formada por funcionarios: el coordinador del área de Servicios Territoriales, Lluís Berenguer; el interventor municipal, Josep Canal, y el secretario de la corporación, Manuel Monfort. Hasta entonces, Fernández era uno de los cargos mejor pagados del consistorio que, incluso después de recortar un 40%, siguió cobrando 89.000 euros anuales, más un fondo de pensiones activo hasta el 2012 que ascendía a 130.000 euros.
El escándalo, por el que se ha detectado hasta seis pisos cuyos contratos infringen la normativa de adjudicaciones, según se pudo comprobar en el consejo de administración de Pumsa y en la junta de portavoces celebrada ayer en el Ayuntamiento, surgió a través de un mensaje anónimo de alguien relacionado con la empresa, que advertía de designaciones de pisos “a dedo”. En el caso del hijo del gerente, es una vivienda de unos 60 m² en primera línea de mar, en el pasaje Fragata, por el que paga un alquiler de entre 250 y 300 euros.
El primero en reaccionar ha sido el Partido Popular, que a través de su portavoz, José Manuel López, ha exigido la apertura de una investigación desde el año 2003 “ante la sospecha fundada de que hay más casos similares”. López, aunque indignado, no discute la legalidad del contrato, pero asegura que es “un hecho reprobable, más cuando en Mataró hay centenares de personas obligadas a malvivir con una mísera pensión”.
El exgerente de Pumsa, César Fernández, sin embargo insiste en que no ha cometido ninguna ilegalidad ya que su hijo “estaba en la lista de espera” de adjudicaciones, un hecho desmentido tajantemente por las pruebas aportadas en la junta de portavoces. Fernández, no obstante señala que “todos los contratos de protección oficial eran fiscalizados por la Generalitat”. Asimismo, recuerda que él firmó el contrato, “pero eran los técnicos quienes realizaron todos los trámites”. Aun así, el ex gerente reacciona a las acusaciones: “¡Sólo faltaría que amigos y familiares de funcionarios no tuvieran derecho a a un piso protegido!”.