Ruiz-mateos, acusado de estafa por la que fue su secretaria durante 30 años
El juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha admitido a trámite una querella criminal contra el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y una de las empresas de su propiedad por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores.
La querella, presentada por empleados de los Ruiz-Mateos representados por Legálitas –entre ellos su secretaria durante 30 años y persona de confianza Estrella Torres– acusa a la familia de hechos que se remontan al 2010, cuando fueron traspasados desde empresas solventes de su grupo empresarial a otra, Enjambradera SLU, “creada ad hoc para tal fin, y carente de activos”.
El auto por el que se admite la querella acuerda citar en calidad de imputados a los querellados, que tendrán que declarar en los próximos días. Según los querellantes, el argumento ofrecido para el traspaso a la otra empresa fue el de “evitar agravios comparativos entre los trabajadores que prestaban sus servicios para todo el grupo indistintamente”.
En ese momento se les reconoció la antigüedad y la categoría a todos los trabajadores, “pero no se liquidaron las indemnizaciones oportunas, en algunos casos millonarias, después de más de 40 años de servicio para las empresas del Grupo Rumasa y Nueva Rumasa. Poco después, entre mayo y octubre del 2011, los trabajadores recibieron la comunicación de su despido, reconociendo su improcedencia y emplazándolos a que demandasen su indemnización ante los tribunales”.
Los empleados solo podían demandar sus indemnizaciones a Enjambradera, con la que mantenían la relación laboral, que contaba con un capital social mínimo de 3.010 euros sin capacidad económica ni propiedades para hacer frente al pago de las millonarias indemnizaciones de los trabajadores. “El perjuicio causa- do a estos trabajadores es claro y resulta de la actuación dolosa, mediante engaño suficiente y abusando de su confianza, en ejecución de un plan premeditadamente concebido, junto con otros, para la ocultación de la auténtica realidad del grupo de empresas Nueva Rumasa, y las verdaderas razones para llevar a cabo determinados actos mercantiles y laborales”, indica Legálitas.
Según los querellantes, esta forma de actuar coincide con la operativa general del Grupo, evidenciada en los informes de la Audiencia Nacional, que investiga la emisión de pagarés por la empresa Nueva Rumasa entre el 2009 y el 2011. “Para evitar el pago de las obligaciones asumidas con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, las empresas se daban de baja y todos sus activos se traspasaban a otras para, presuntamente, evadir las obligaciones fiscales”, concluye.