Crece la tensión entre el Gobierno y la Fiscalía
Santamaría reitera que el 9-N hubo delito y recuerda su tarea a Torres-Dulce Una junta de fiscales del Supremo decidirá si hay querella
Día tras día se incrementa un grado la tensión entre el Gobierno y la Fiscalía a cuenta de la demorada querella contra Artur Mas y alguno de sus consejeros por el 9-N. Pero el problema no son los fiscales catalanes, sobre los que el Gobierno no tiene nada que opinar, sino con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a quien en público respetan su autonomía, pero cuya actuación critican en privado. Y más desde que no está en el Gobierno Alberto Ruiz-Gallardón, que fue quien, recuerdan en el Ejecutivo, lo nombró y “así nos fue”, añaden en el partido, en referencia al caso Gürtel.
El Gobierno no lo admite en público, pero el malestar con Torres-Dulce crece desde que no se impuso a los fiscales catalanes el miércoles, a la hora de decidir la presentación de la querella. De ahí que ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, guardara en las formas una exquisita distancia, apelando a la autonomía de la Fiscalía a la hora de plantear la querella, pero recordara al fiscal general del Estado sus responsabilidad y reiterara su convencimiento de que se han cometido ilegales en el desarrollo del 9-N.
“La Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno”, dijo Santamaría, al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las reticencias de los fiscales catalanes a querellarse contra el president Mas. Pero recordó a la Fiscalía que “debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación, bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado”.
Es decir, unidad de actuación, subraya la vicepresidenta, recordando otras actuaciones de la Fis-
JERARQUÍA FISCAL El Gobierno recuerda a Torres-Dulce que los fiscales catalanes dependen de él
POSIBLE DELITO Santamaría insiste en que Mas no respetó la suspensión de la segunda votación
calía sobre el 9-N, y dependencia jerárquica, de forma que si el fiscal general del Estado considera que hay indicios de delito, debe ordenar a los fiscales catalanes la presentación de la querella.
La vicepresidenta, para explicar la posición del Gobierno, se limitó a recordar las características de la Fiscalía: “Los principios que le guían son los de legalidad y la imparcialidad, y con arreglo a eso tomará sus decisiones”. Santamaría hizo esfuerzos por borrar la imagen de que ha sido el Gobierno quien se ha empeñado en la querella, ante las críticas internas en el seno del PP, respecto a lo que se considera pasividad del Ejecutivo, y en especial de Mariano Rajoy, para evitar que la consulta se celebrase.
“Desconozco cuál será la decisión de la Fiscalía”, dijo, aunque el Gobierno insistió ayer en que considera que se ha producido una ilegalidad, ya que la Generalitat vulneró la segunda suspensión del Tribunal Constitucional,
AUTONOMÍA El Ejecutivo intenta borrar la imagen de que presiona a los fiscales a favor de la querella
INVITACIÓN Santamaría insta al president a ponerse a gobernar para salir del marasmo financiero
la que el Gobierno presentó contra el proceso participativo. Pero para que no parezca que se trata de un empeño del Gobierno, la vicepresidenta subrayó que “distintos tribunales en el ámbito de Ca- talunya han venido a reconocer que esa última resolución pudiera haber sido incumplida”. Se refiere Santamaría a lo que supone que juzgados de guardia de varias localidades catalanas, de acuerdo con la Fiscalía de Catalunya, consideraron desproporcionada la retirada de las urnas el mismo 9-N pese a admitir a trámite las denuncias de partidos como UPyD, contra la celebración de la votación. “Eso –insistió la vicepresidenta– es lo que de momento ya ha dicho alguna resolución judicial”.
Si eso es así, el Gobierno no entiende por qué la Fiscalía no interviene, de ahí que proclame el respeto a la actuación de la Fiscalía, pero deje constancia la vicepresidenta del malestar del Gobierno, “actuación, que como se ha encargado de recordar la Fiscalía es autónoma”. Y la puntilla. “Pido que el resto de poderes del Estado y poderes públicos, tengan el mismo respeto que el Gobierno”.
La número dos de Rajoy recordó también al fiscal general que le corresponde “la defensa de la legalidad”, que le corresponde “la defensa del Estado, que es mucho más que el Gobierno”. La posición del Ejecutivo la dejó clara: “Había una resolución de suspensión que a nuestro juicio no se ha respetado. Si eso es o no delito, corresponde decirlo a la Fiscalía general del Estado. De momento, algún órgano judicial ha venido a decir que es posible”.
Desde el punto de vista político, poco tiene que decir el Gobierno salvo que el referéndum que pide Mas es imposible. Eso sí, recordó lo que el Estado ha hecho por Catalunya, desde el punto de vista económico, y realizó una invitación, “a la serenidad, a la moderación y a gobernar después de dos medias legislaturas sin hacerlo, para sacar a Catalunya del marasmo financiero en el que se encuentra”.