Familias desahuciadas ocupan casi la mitad de los pisos vacíos
El recuento que dispara la alarma corresponde a tres barrios barceloneses
Un recuento municipal en Ciutat Meridiana, Trinitat Vella y el Besòs i el Maresme, en Barcelona, ha demostrado que el 46% de los pisos que están vacíos y pertenecen a bancos están habitados por familias que perdieron su vivienda habitual, la ma- yoría por desahucio. El estudio permite ver la magnitud del problema en barrios muy castigados por la crisis.
Casi la mitad (46%) de un centenar de pisos que se suponían vacíos en Ciutat Meridiana, Trinitat Vella, y el Besòs y el Maresme están ocupados de manera ilegal. Son pisos propiedad de entidades bancarias y sus habitantes son en su gran mayoría familias que ya perdieron su vivienda habitual, por desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria y que no han tenido acceso a pisos sociales. Los técnicos del área de Hábitat Urbano que han hecho estas comprobaciones se han encontrado con que sólo el 32% de los pisos inspeccionados están realmente desocupados. El 16% restante están ocupados con todas las de la ley por inquilinos.
Estos datos se conocieron ayer después de que el alcalde Xavier Trias firmara con Àngels Guiteras, presidente de la Taula del Tercer Sector, un convenio para conseguir 200 pisos de particulares que accedan a destinarlos a alquiler social.
Los pisos ocupados por necesidad (no por okupas con k, aunque pueda haber alguno) quizá no sean muy representativos de la extensión del fenómeno, según
precisaba ayer mismo Albert Civit, gerente de Hábitat Urbano. Pero dan idea de la magnitud del problema en barrios muy castigados por los desahucios. Es más que probable que, aunque sea en menor proporción, el mismo fenómeno se dé en otros distritos de la ciudad.
A la búsqueda de pisos vacíos que puedan dedicarse a alojamiento social frente al drama de los desahucios, el Ayuntamiento llevó a cabo un censo de unas 400 viviendas de entidades ban- carias en los barrios citados del norte de Barcelona. Fue un primer peinado que de aquí a finales de año se ha de concretar con una inspección más minuciosa y que más adelante debería extenderse a otros barrios de la ciudad. Ha sido en el segundo peinado cuando se ha visto que en uno de cada dos de los pisos inspeccionados viven personas y familias de escasos recursos.
El convenio firmado ayer por el alcalde es uno de los instrumentos que el Ayuntamiento ha activado para hacer frente al problema de los desahucios y la falta de vivienda social. El objetivo del convenio es convencer a 200 propietarios de pisos desocupados para que los pongan en régimen de alquiler social, gestionado por la recién creada Fundació Hàbitat 3, del tercer sector social. Los propietarios que ahora prefieren mantener sus pisos vacíos por temor al impago del alquiler se asegurarían así el cobro de la renta durante 36 meses, garantizada por la fundación y el Ayuntamiento. Incluso podrán beneficiarse de ayudas a la rehabilitación, si hace falta, para el piso.
Los futuros inquilinos, fami- lias en riesgo de exclusión social, pagarían unos 300 euros de media, y nunca superando un tercio de sus ingresos. El Ayuntamiento aporta a la fundación 5,6 millones de euros para este programa de cuatro años, y la entidad se hace cargo del resto hasta 6,3 millones de euros. Guiteras resaltó que, además de vivienda, este programa proporcionará a las familias un acompañamiento de cara a la inclusión social.
El alcalde ratificó ayer su confianza en la colaboración pública privada, en este caso con entidades del tercer sector, para ampliar la oferta de vivienda social en la ciudad. Trias, que no intervino la jornada anterior en el debate plenario sobre desahucios, (“fue un pimpampum que no debería haberse producido, porque a la gente le interesa lo que hace-
S EG U R I D A D El Ayuntamiento y una fundación avalan el cobro del alquiler a los propietarios
AL Q U I L E R E S Los inquilinos pagarán unos 300 ¤ al mes, sin superar un tercio de sus ingresos
mos”, dijo), respondió a la oposición, que le censura tomar medidas tarde. “Es cierto –dijo– llevamos 30 años de retraso; quienes critican lo deberían haber hecho antes”.
Aparte las medidas de urgen-
cia (ayudas a familias, alojamiento de desahuciado...), Trias apuesta ahora por una política estructural de creación de un parque público de vivienda de alquiler, “que se ha de mantener durante 15 o 20 años” y que puede iniciarse ahora con fondos presupuestarios gracias a la operación de privatizar la gestión de aparcamientos públicos.
Esta operación genera 100 millones de euros a las arcas municipales, que se quieren utilizar para comprar y construir hasta mil viviendas. La mayoría de la oposición municipal considera, sin embargo, que el Ayuntamiento ya disponía antes de fondos suficientes para dedicarlos a la política de vivienda pública y social.