Una junta de fiscales del Supremo decidirá sobre la querella contra Mas
El fiscal general fijará posición cuando le llegue la propuesta de Barcelona
La posible querella contra el president de la Generalitat es cuestión de juntas. Los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se reunieron ayer en una junta extraordinaria que continuará el lunes para revisar los planteamientos al respecto, y en la Fiscalía General se da por descontado que el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, una vez conocida su opinión, convocará la junta de fiscales del Tribunal Supremo (TS) para adoptar la decisión definitiva. Fuentes consultadas por La Vanguardia explicaron que, en cualquier caso, no habrá una resolución inmediata y que, aunque la opción prioritaria es llevar a los tribunales el 9-N, no hay que descartar ningún escenario, incluso que no se haga.
Los nueve fiscales del TSJC se reunieron ayer en una junta extraordinaria para tratar la querella por el 9-N. Sobre la mesa, un planteamiento inicial: actuar contra el president de la Generalitat, Artur Mas, y contra la vicepresidenta, Joana Ortega, por desobediencia. Sin embargo, tal como avanzó ayer La Vanguardia, este criterio no sólo no es unánime, sino que seis de los nueve fiscales no ven probable que prospere esta iniciativa en el tribunal.
La sesión concluyó sin que se llegara a un acuerdo y los fiscales continuarán con sus deliberaciones el lunes. Lo que estimen deberá ser remitido a la Fiscalía Gene- ral del Estado, que debe dar su visto bueno. El fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, declaró ayer en Burgos que será la Fiscalía de Catalunya la que decidirá finalmente si presenta o no la querella, y que se actuará “en los tiempos de la legalidad”. Ahora bien, a este respecto hay que recordar que unas horas antes Torres-Dulce hizo otras declaraciones en las que si bien subrayó que serán los fiscales de Catalunya los que resuelvan en primera instancia, formulando una propuesta, añadió también que cuando ellos hayan tomado una decisión, “yo tomaré la mía”.
En medios de la Fiscalía General del Estado se da por descontado que el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, convocará la próxi- ma semana una junta de fiscales del Tribunal Supremo con el fin de consensuar la decisión definitiva que se adopte en relación con la presentación o no de la querella en estudio. La Fiscalía es un órgano jerárquico dirigido por el fiscal general, revestido de toda la autoridad para resolver en los casos en que haya controversia sobre si se emprende una acción penal, cuándo y cómo. Pero al propio tiempo en la Fiscalía General del Estado se estima que en este asunto, sobre todo si los fiscales de Barcelona se inclinan finalmente por la no presentación de la querella, Torres-Dulce no querrá actuar guiado por su único y personal criterio.
De ahí que se dé por hecho que convocará una junta de fiscales del Supremo, en especial ante la posibilidad de que la postura final que haya de adoptar la Fiscalía General sea contradictoria con la de los fiscales de Barcelona. En todo caso, en los citados medios de la Fiscalía General del Estado se reconoce que la querella plantea dificultades innegables, sobre todo si se pretende presentar por varios delitos.
De todas formas, el escenario es muy cambiante, según informaron a La Vanguardia fuentes solventes. Nada está cerrado, ni la decisión final, si se presenta o no o en qué términos. Incluso es
LAS DIFERENCIAS Una nueva junta de fiscales del TSJC mantuvo ayer sus reservas a la querella EL CONTEXTO La Fiscalía tendrá que fijar una postura clara en las 60 denuncias presentadas por el 9-N
posible que cambien los delitos imputados, y es algo que se está estudiando tanto en Catalunya como por parte de la secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado. En cualquier caso, no habrá una decisión ni rápida ni apresurada, y puede demorarse días.
Hay que recordar que el pasado domingo, no obstante, los fiscales de Catalunya defendieron ante los juzgados en que se presentaron denuncias, alrededor de 60, que había que aceptarlas a trámite, porque existían indicios de varios delitos por la celebración de la consulta alternativa, aunque se opusieron a la retirada de las urnas por considerarlo una medida “desproporcionada”. Ese fue luego el criterio de los jueces, que no retiraron las urnas empleando el mismo argumento.