Indignación ante el pago de la indemnización por el Castor
La Generalitat pedirá la impugnación ante el TC y, con el Síndic y el movimiento social de oposición, pide ayuda a Europa
Repulsa general contra el Gobierno español por la rapidez en el pago de los 1.350,7 millones de euros de indemnización a la hasta ahora empresa concesionaria de un reservorio de gas clausurado por haber inducido 1.000 terremotos frente a la costa del delta del Ebro y Castellón. Indignación por la manera de proceder del Ejecutivo de Rajoy, que ha cumplido con celeridad y resignación con la polémica cláusula aprobada por el Gobierno Zapatero en el 2008, que blindó la inversión realizada por la constructora ACS.
Enfado generalizado porque serán los consumidores, sean particulares o empresas, quienes pagarán durante los próximos 30 años a través de su factura del gas por una presunta actuación negligente. La denuncia por la vía penal, en manos de la Fiscalía de Castellón desde hace un año y aún a la espera de alguna decisión, acusa tanto a la empresa como al Ministerio de Industria, que dio luz verde a la inyección de gas en el subsuelo marino, entre Alcanar (Montsià) y Vinaròs (Castellón). Según han concluido varios estudios externos, el Castor se puso en marcha sin haber analizado correctamente el riesgo sísmico en la zona, con una falla bautizada como Castor tras la crisis sísmica que no fue detectada por los técnicos.
A pesar de que los 1.350,7 millones de euros están ya en las cuentas de la antigua concesionaria del depósito de gas, ni la Generalitat ni el movimiento social de oposición al Castor tiran la toalla. El Govern reiteró ayer por boca de Felip Puig, conseller de Empresa i Ocupació, la decisión de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley aprobado a toda prisa por el Gobierno central para articular el pago.
La Generalitat considera un sinsentido el pago íntegro de la in-
Soria asegura que cumplen con la ley y culpa al ejecutivo de Zapatero de blindar el almacén en el 2008
demnización por una infraestructura energética en fase de hibernación que aventura Puig que no se pondrá nunca en marcha. El conseller habló de “posibles negligencias” en la tramitación del almacén de gas hasta su autorización definitiva. Con estos argumentos se sostendrá el recurso que presentará el Gobierno catalán ante el Tribunal Constitucional (TC), una vez reciba el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
Precisamente, el Tribunal Supremo ya advirtió meses atrás al Gobierno español de que a pesar de que la cláusula de indemnización aprobada por el ejecutivo de Zapatero era legal, no debía reintegrarse el total de la inversión realizada en el reservorio de gas si se probaba que la actuación de la empresa había sido “negligente o dolosa”.
Paradójicamente, el Gobierno no ha explotado esta posibilidad para intentar ahorrarse como mínimo una parte de los 1.350,7 millones; si se añaden los intereses y el coste de mantener el almacén en hibernación, se triplicará esta cantidad, según el cálculo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). “Una infraestructura que no se pone en funcionamiento tiene un valor residual muy reducido, que podría ser de cero o del 10% de la inversión”, razonó Puig.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, entidad que ha liderado la lucha social contra el Castor, ha decidido denunciar ante la Comisión Europea la indemnización porque sostienen vulnera la ley de competencia. “Es una subvención del Gobierno a la empresa de Florentino Pérez”, denuncia Evelio Monfort, portavoz de la Plataforma. El Síndic de Greuges también denunciará el caso en Europa.
Todos recuerdan que las prisas del Gobierno por pagar se explican porque el próximo 30 de noviembre Escal UGS, concesionaria del almacén, debe devolver el crédito obtenido con la emisión de bonos bajo el amparo del Banco Europeo de Inversiones. El Govern se ha dirigido a la Comisión Europea para que analice esta operación.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, salió ayer a dar explicaciones. “En el 2008 el Gobierno estableció la posibilidad de que el operador del almacén podía renunciar en cualquier momento y había lugar a una indemnización”, recordó.