Bancaja y la CAM gastaron millones en entradas para la F-1 de Valencia
Los socialistas valencianos anunciaron ayer que llevarán a la Fiscalía Anticorrupción el libro mayor de contabilidad de Valmor (la empresa que gestionaba la F-1 de Valencia) por haber detectado apuntes de “compras masivas de entradas, en bloque” en el año 2008. Estas compras se realizaron por un importe de 5,8 millones de euros “en un solo acto”, junto a otros de 3,4 millones, dos de 2,5 millones y otros de 1,2 millones, un millón, 800.000 y 700.000 euros. “En todos los casos sin detallar a quién las vendió ni a través de qué canal”, según la portavoz socialista de Grandes Eventos en las Corts, Eva Martínez.
Martínez ha señalado que “llama la atención” que por ejemplo Caja Mediterráneo (CAM) “gastó 152.000 euros en entradas de la fórmula 1” –36.000 euros en 2010 y 114.000 en 2011– y que, a falta de contar con datos de 2008, “directores de oficinas de Bancaja nos han certificado que recibieron paquetes de entradas que en un primer momento intentaron vender y que, ante el fracaso de esa venta, directa-
El PSPV llevará la contabilidad de la organizadora de la F-1 a la Fiscalía Anticorrupción
mente regalaron y muchas de ellas acabaron en los cajones porque había gente que no quería las entradas ni regaladas”.
“¿Existía alguna orden por parte de algún miembro del Gobierno de Francisco Camps a en- tidades valencianas, que han sido intervenidas, para que compraran y regalaran entradas de la fórmula 1?”, se preguntaba la diputada socialista. Estas compras masivas explicaría, según el PSPV-PSOE, por qué en la primera edición se recaudaron 27 millones de euros por la venta de 78.615 entradas y, sin embargo, al año siguiente solo se recaudaron 6,8 millones por 24.439 entradas. Los socialistas sospechan de las cajas desaparecidas y de las diputaciones provinciales en las compras masivas.
La portavoz del ejecutivo valenciano, María José Catalá, preguntada por esta denuncia, defendió que Valmor (empresa antes participada por Bancaja) fue una empresa privada hasta marzo de 2012 y en que “resulta complejo para el gobierno valenciano actual, propietario de la misma, responder sobre la gestión en la etapa anterior”.