El caso Ellacuría
A los 25 años del asesinato de los jesuitas de origen español en El Salvador, la Audiencia Nacional admite investigar el crimen
Hay días en la vida de un periodista que nunca desaparecen del calendario mental. Siempre recordaré que el 16 de noviembre de 1989 era jueves y que estaba en la oficina de la agencia Efe en Río de Janeiro cuando saltó la noticia en un cable urgente: “Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas asesinados”. Hoy se cumple un cuarto de siglo del asesinato de los jesuitas de origen español Ellacuría, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno; del salvadoreño Joaquín López y López; del ama de llaves Julia Elba y su hija Celina.
Ellacuría era rector de la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA) y se había convertido en uno de los principales valedores de la teología de liberación, una corriente de pensamiento que nació en el seno de la Iglesia católica latinoamericana tras el concilio Vaticano II.
Algunos sectores conservadores salvadoreños consideraban que la UCA era un semillero de izquierdistas y creían que la guerrilla no hubiera existido sin la presencia de los jesuitas en el país. La persecución contra los jesuitas había empezado antes del inicio de la guerra civil en 1980. Ya en junio de 1977, doce años antes del asesinato de Ignacio Ellacuría, un escuadrón de la muerte ultraderechista amenazó con matar a los 47 jesuitas que estaban en el país. A los tres meses asesi-
El ejército creía que sin estos religiosos de la teología de la liberación la guerrilla no habría existido
naron al jesuita Rutilio Grande.
Ellacuría siempre mantuvo un perfil discreto. Unos meses antes de que lo asesinaran pronunció uno de sus escasos discursos en un acto ecuménico. Habló de la necesidad de poner fin a aquella guerra civil, pero no olvidó recordar que una de las principales causas era el control que un puñado de familias salvadoreñas muy ricas ejercía sobre la mayor parte de las tierras productivas en un país de campesinos harapientos
El funeral fue multitudinario. La llegada del presidente Alfredo Cristiani, vinculado a la extrema derecha, provocó una gran tensión. Iba sin guardaespaldas y ocupó un lugar secundario. Los gritos de algunas personas contra el presidente salvadoreño fueron acallados por los jesuitas compañeros de los asesinados.
Dos años después, en septiembre de 1991, catorce militares fueron enjuiciados por este crimen, pero sólo dos fueron condenados y puestos después en libertad gracias a la ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa.
En el año 2000, los jesuitas se querellaron contra el expresidente Cristiani y los autores intelectuales del asesinato. El 2009, Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional de España, se declaró competente para investigar a 14 militares a los que imputa. Están incluidos cuatro exgenerales, entre los que destaca el que fuera ministro de Defensa, Humberto Larios, y el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce (que también fue ministro de Defensa). El expresidente Alfredo Cristiani no será juzgado por un delito de encubrimiento al estar exento de persecución universal.
La querella fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, fundamentada en el principio de justicia universal que permitió en 1998 el arresto del dictador Augusto Pinochet en Londres. Y la Audiencia Nacional española dictaminó este pasado mes de octubre que nuestros tribunales son competentes para investigar el asesinato de los cinco jesuitas de origen español pese a la reciente limitación de la aplicación de la justicia universal en nuestro país.
El asesinato fue atroz. Pocas horas después de la inhumación de los jesuitas, el padre José María Tojeira, provincial de los jesuitas, nos recibió a media docena de periodistas españoles. “¿Queréis ver cómo los encontramos?”, preguntó. Me atreví a mirar las fotos que aún hoy no puedo olvidar. Los disparos fueron hechos a quemarropa, y los rostros estaban destrozados. Me fue imposible reconocer a Ellacuría, al que meses antes había fotografiado.
Al horror de aquellos días se sumó el vergonzoso comportamiento del embajador español en El Salvador, Francisco Cádiz. Hizo duros comentarios en el funeral y chocó con algunos jesuitas. Días antes, se había negado a recibir a una delegación que quería pedirle refugio para los jesuitas más amenazados. Su excusa fue que no eran españoles, a sabiendas de que estaban obligados a nacionalizarse salvadoreños para ejercer el magisterio.