Las heridas abiertas del PP
Las acusaciones internas de “debilidad” del Gobierno ante el 9-N abren un debate en el PP Se extienden los reproches contra el núcleo duro de Rajoy, incluida la vicepresidenta La crisis catalana amplía el malestar por la corrupción y los incumplimientos
Este partido es capaz de soportar y defender, contra sus convicciones, un asunto, pero no dos”. Fue el consejo que dio hace apenas dos meses un alto dirigente del PP, de la máxima confianza del presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Estaba en juego el empeño del Ejecutivo de sacar adelante la ley del aborto y la elección directa de alcaldes, iniciativas contra las que estaba una mayoría del partido, y, sobre todo, de su electorado. El Gobierno renunció a las dos, pero lo que no se esperaba era que poco después el problema se ampliase con nuevos frentes, la corrupción, y sobre todo la actuación del Gobierno respecto a la votación del 9-N en Catalunya, que ha abierto una herida que Rajoy creía cerrada con la presentación de los recursos al Constitucional. PROBLEMA DE RAJOY El problema para el presidente es que mientras en los demás asuntos, como ocurrió con la corrupción –los casos que salpicaron al PP, las tarjetas negras de Caja Madrid y la operación Púnica–, esta vez es el Gobierno contra el que se dirigen los reproches y no el partido y su secretaria general, Dolores de Cospedal. A las críticas se suman incluso miembros del Ejecutivo que apuntan a Soraya Sáenz de Santamaría, como la responsable de que no haya habido una actuación más contundente. A la vicepresidenta, y a su influencia en Rajoy. EL ALA DURA Y CATALUNYA Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, directora del área internacional de la FAES, la fundación que dirige el expresidente José María Aznar, y promotora de la Plataforma Libres e Iguales, surgida durante el proceso soberanista catalán para defender la españolidad de Catalunya, ha sido quien ha puesto cara y ojos a los críticos del PP con la actuación del Gobierno. Son los que creen que el Ejecutivo debía haber sido más contundente, e incluso debería haber aplicado ya el artículo 155 de la Constitución y haber suspendido la autonomía en Catalunya. Álvarez de Toledo lo resumió en una frase publicada en Twitter la misma noche del 9-N: “Profunda sensación de desamparo ante el silencio del Gobierno de mi país”. CRÍTICA DESDE DENTRO Pero esta vez, los que se han sentido heridos por la actuación del Gobierno no se ubican sólo en el ala dura del PP, ni el malestar ha sido amplificado por declaracio- nes de Esperanza Aguirre, o del propio Aznar. Ni siquiera ha sido sólo el PP de Catalunya quien ha hablado de inacción del Gobierno y se ha sentido abandonado a su suerte. Se trata de una crítica transversal, que afecta a dirigentes regionales de la máxima confianza de Rajoy y que se basa en la convicción de que además de la respuesta jurídica al 9-N debía haber habido una contestación política. Que no bastaba con que abordara el problema la Abogacía del Estado, se señala, en referencia a la vicepresidenta del Gobierno, abogada del Estado de profesión. Lo que es una manera de llamar tecnócrata a la actuación. Se trata incluso de ministros que se han destacado por su carácter dialogante y que creen que algo más se podía haber hecho. Por ejemplo, “haber obligado a los Mossos a intervenir las urnas cuando estaban almacenadas en un solo lugar”, apuntan fuentes gubernamentales consultadas. El domingo, opinan, como también la Fiscalía, ya era tarde.
BARONES AUTONÓMICOS
Y lo malo para estas voces es que lo hecho hecho está, que ya no hay posibilidad de rectificar, porque a pesar de que el Gobierno se empeña en explicar que el referéndum no se ha celebrado, “las urnas salieron a la calle” el 9-N. Ahora, todos ellos esperan que el Gobierno no se doblegue, que no negocie nada con el president Artur Mas, que no haya ningún rédito, que no se les dé nada en una posible negociación a los soberanistas. Que el nuevo sistema de financiación no sea un caramelo para Mas. El PP, con todos sus presidentes autonómicos a la cabeza, no lo permitiría.
LA CORRUPCIÓN
Los presidentes autonómicos fueron los que encabezaron lo que supuso casi una sublevación en el PP, con los últimos casos de corrupción, muy especialmente el
de las tarjetas de Caja Madrid y la operación Púnica. La corrupción, y no la economía, como parece haber creído Mariano Rajoy, les puede hacer perder las elecciones en un ciclo que empieza con las municipales y autonómicas de mayo del 2015. Por ello todos pidieron actuaciones contundentes del partido que María Dolores de Cospedal, como secretaria general, no tomó de inmediato, haciendo buena la sensación creciente de que en el partido nadie manda. O que la secreta- ria general no lo hace y que quien pone orden es muchas veces Javier Arenas, con hilo directo con Rajoy. Los presidentes autonómicos exigieron una reacción más fuerte, y en contra de lo que opinaban muchos diputados en el Congreso, que como excompañeros de Rodrigo Rato no querían ni pensar en que se le pudiera dar de baja, en el partido se cedió a regañadientes. De ahí que cuando un presidente autonómico se vio involucrado en un escándalo, José Antonio Monago en Extre- madura, el partido sonrió, puso buena cara y Cospedal hizo la más ardiente defensa de quien hasta ese momento había sido el verso suelto que la zahería siempre que podía. Tuvo que ser otra presidenta autonómica, la de Aragón, Luisa Fernanda Rudí, quien indicara el camino: en cuestión de horas forzó la dimisión de un diputado al que se le achacó un escándalo similar a Monago, en vez de arroparle, como hizo la dirección del PP con el dirigente extremeño.
LA ELECCIÓN DE ALCALDES
Otra de las heridas abiertas, el incumplimiento de la promesa del programa del PP de promover la elección directa de alcaldes para evitar la temida fragmentación del poder municipal que anuncian todas las encuestas, parece algo más controlada. El vicesecretario general Javier Arenas que- ría llevar adelante la reforma por encima de cualquier objeción, incluso sin acuerdo con el PSOE, y antes que se celebrasen las municipales. Contaba para ello con el apoyo de uno de los pilares del PP, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Pero Rajoy tuvo claro, tras reunirse con los presidentes autonómicos, que la reforma, abonada por él mismo como “reflexión”, no podía seguir su curso. De los 13 presidentes de comunidades autónomas, incluidos los de Ceuta y Melilla, en manos del PP, sólo el de la Xunta apoyó la iniciativa que el partido, con Cospedal a la cabeza, había planteado como elemento de regeneración.
LA LEY DEL ABORTO
No era cuestión de hacer una batalla, cuando aún no estaba cerrada la herida por la ley del aborto, la que el Gobierno retiró y supuso la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la única dimisión en su Gobierno a la que ha tenido que enfrentarse Rajoy hasta ahora. El ala más a la derecha del PP presionaba para que la reforma saliera adelante. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue quien de manera pública y más visible defendió el proyecto de ley de Gallardón, pero el presidente prefirió asumir el descontento o la herida que la retirada supuso en ese sector del PP. Según los datos que le ofreció Pedro Arriola, ese sector podía suponer un millón y medio de votantes, si bien eran más los contrarios a la reforma. De hecho, los últimos datos que tiene el PP es que el 75 por ciento de su electorado está de acuerdo con la decisión de no seguir adelante con el cambio sobre el aborto.
Rajoy no tuvo más problema con la herida de la ley Gallardón. La vicepresidenta, Santamaría, y la secretaria general del partido, Cospedal, estaban en sintonía y no querían ni oír hablar del proyecto. En una reunión con el comité de dirección del PP, Cospedal llegó a decir a Rajoy, según fuentes de los asistentes a la reunión, que si tenía que firmar el asunto de la discapacidad –a fin de que no fuera un supuesto que permitiera el aborto–, rompería la disciplina de voto.
La del 9-N amplía las muchas heridas abiertas en el PP en un momento en el que todos deben jugar a una: las elecciones autonómicas y locales sólo están a seis meses, y la situación política necesita al partido y al Gobierno caminando en la misma dirección.