Los catalanes de Rajoy
Para Nietzsche, un político divide a las personas en dos grupos: en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos. Partiendo de esa tesis, Mariano Rajoy ofreció el miércoles su particular clasificación en el denominado conflicto catalán: una cosa son los catalanes y otra, los independentistas. Instrumentos y enemigos. Aunque Hacienda sigamos siendo (casi) todos.
Nadie es capaz de desentrañar si el presidente del Gobierno español considera que, entre los 2,3 millones de participantes del 9-N, las 443.537 personas que optaron por papeletas contrarias a la separación también son para Rajoy independentistas sin remedio ni salvación. O si, en su particular clasificación, el hecho de ser catalán –un simple gentilicio o el adjetivo para el que “vive y trabaja en Catalunya, y quiere serlo”, según definición de un expresident– también les es vetado por haber dado mayor relevancia a un acto de protesta política que no es un referéndum, no es una consulta, que el jefe del Ejecutivo no sabe como denominar, pero que la Moncloa insiste en recordar a la Fiscalía que fue delito.
El presidente del Gobierno se pasó diez meses y veintiocho días diciendo que lo que fuera que pasara el 9 de noviembre en Catalunya no pasaría. Pero de una manera u otra, pasó. Y como en las matemáticas, todo lo que no es exacto es erróneo. Aunque en la Moncloa parezca ahora que lo importante ya no es tener razón, sino que se la den a uno. Si hace falta, arrogándose la representación de dos tercios de los catalanes –¿ni un independentista?– que esperan en casa a que sea su momento.
Sin ser una convocatoria oficial a las
Rajoy renuncia a ser el presidente de los independentistas, pese a su DNI y pasaporte español
urnas, el 9-N fue asumido por los participantes como una fiesta de la democracia, el independentismo vehiculó con papeletas su libertad de expresión ante un Estado ausente, sin oferta política. Fue determinación ciudadana pura y dura. Mientras, el Gobierno de Rajoy se obcecaba antes, y ahí sigue después, en dar una respuesta judicial a un conflicto de origen político que ya no puede tener otro final que no pase por la política.
Rajoy confesó el miércoles que ha renunciado a ser el presidente de los independentistas, pese a su DNI, pasaporte y sometimiento a la Agencia Tributaria. Pero con su desdén también renuncia a los que no lo son y reclaman una respuesta a una desafección de la que ya se advirtió en los salones del hotel Ritz de Madrid en el 2007. Un presidente de la Generalitat del PSC puso entonces el dedo en la llaga y siete años después José Montilla anuncia que defenderá a Artur Mas –su president– en caso de intervención judicial.
Dicen que en la Moncloa se sintieron humillados con las colas frente a las urnas de cartón, pero en política hay que sanar los males, jamás vengarlos.