Los empresarios catalanes y el proceso
El mundo empresarial catalán sigue con atención, y cierta incredulidad, la evolución de la situación política. El consenso general se inclina por apoyar los intentos del president Artur Mas de aplazar el máximo tiempo posible la convocatoria de elecciones autonómicas. Ese era su punto de vista antes del 9-N y esta sigue siendo su posición ahora, después de celebrada la jornada. La consecuencia lógica, según el mundo empresarial, es que el presidente de la Generalitat debería presentar al Parlament los presupuestos del 2015, para cuya aprobación no debería hacer ascos al apoyo que el PSC de Miquel Iceta le ha ofrecido públicamente.
Esa unidad de criterio, sin embargo, se desdibuja un poco al valorar la jornada del 9-N. La élite del empresariado, un núcleo influyente y reducido, tiende a minusvalorar su trascendencia y efecto social y cree que la reconducción puede ser más fácil de lo que cabría inferir de las palabras cargadas de los políticos y las alarmadas portadas de los diarios. En su opinión, el resultado, tanto la participación como el elevado peso del sí-sí, revelaría antes el deseo de castigar al PP que un auténtico desplazamiento hacia el independentismo.
Las organizaciones empresariales, en cambio, esperan con ansiedad que, de una vez, la acción política aparezca y despliegue sus artes. El telón de fondo para ese escenario de estabilidad al que aspiran las asociaciones gremiales, un presupuesto y el agotamiento de la legislatura catalana, sería que Mariano Rajoy pusiera sobre la mesa alguna propuesta que abriera una rendija por la que colar un inicio de negociación que diera algo de contenido a ese periodo de vida parlamentaria asistida.
Juan Rosell, presidente de CEOE, y que aspira a su renovación en el cargo en las elecciones que se celebran en un mes, es de los que se muestran más convencidos de que “Madrid moverá pieza”, pese a que la espera empieza a ser demasiado larga. Su sucesor en Foment, Joaquim Gay de Montellà, también en capilla electoral, cree que “hay un margen de tiempo, podríamos decir que de 30 días, para hacer algo”.
Junto con él, el resto de los líderes empresariales, como Miquel Valls, presidente de la Cambra de Barcelona, esperan, con grados de convicción diversos, pero siempre bajos, una aproximación desde la Moncloa, pese a las evidentes señales que invitan al desaliento. La más reciente, el intento de presentar una querella contra Mas, que los empresarios consideran al unísono un grave error político.
Las asociaciones empresariales están acuciadas por una inquietante crisis de identidad, no sólo por la división de opiniones que sacude a sus asociados –la independencia tiene muchos partidarios entre sus filas–, y el monolitismo de pensamiento es ya un asunto del pasado. Mientras Foment rechazó sumarse al Pacte Nacional per al Dret a Decidir, las cámaras y patronales como la Cecot, que preside Antoni Abad, o la Pimec de Josep González sí lo hicieron. También por la conciencia de que los tiempos de ejercer influencias recorriendo los pasi- llos del poder han quedado para las hemerotecas. Ahora la política está en la calle, y aunque las élites empresariales no se sienten cómodas en esa dinámica, no les ha quedado más remedio que adaptarse. La práctica de la proximidad y la influencia discreta sobre el poder entre bambalinas no tiene espacio, y la dinámica de la situación no deja a los políticos mucho margen para la diplomacia secreta. Acabar en elecciones anticipadas o plebiscitarias sería avanzar más en esa misma dirección y por eso los empresarios pretenden evitarlas.
Eso explica también que, a diferencia de otros momentos no tan lejanos, el activismo empresarial, al estilo de los antiguos encuentros privados, discretos y directos, con los políticos para transmitirles sus puntos de vista y modular sus decisiones, sea ahora muy escaso. La fluida comunicación y la complicidad de otros tiempos se ha desvanecido de momento. Por eso el perfil empresarial es mucho más discreto.
El objetivo que resume su sentir es el de la estabilidad. El terreno que transita la economía catalana, y con ella la española, es frágil y deslizante. La recuperación que nunca estuvo aquí empieza a quedar en entredicho entre los principales analistas económicos y el sector del empresariado que más depende del mercado interior; en parte por Europa, en parte por las debilidades de una economía que no genera rentas para impulsar el consumo y el crecimiento. Como resumía el economista jefe de Funcas, Ángel Laborda, “la economía española atraviesa un bache que parece continuar en el cuarto trimestre del año”.
En esa recuperación sustenta la élite económica, y la política, buena parte de sus esperanzas de reconducción ordenada de la crisis social. Y ese asunto se dirime, si tal cosa es posible, en una instancia sobre la que apenas se ejerce ningún control desde Madrid o Barcelona. Es una batalla en la que los apellidos activos son Merkel, Draghi, Hollande y, tal vez, Renzi.
Los dirigentes patronales esperan un gesto de Madrid, pero con un grado de convicción diverso