El TSJC investigará a Mas por desobediencia el 9-N
El tribunal admite por mayoría las querellas contra el president También indagará si Ortega y Rigau hicieron caso omiso del TC
Finalmente, la celebración de la consulta del 9-N tendrá consecuencias para el Govern de la Generalitat. El pleno de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) decidió ayer admitir a trámite las querellas y denuncias presentadas contra el president, Artur Mas, contra la vicepresidenta, Joana Ortega, y contra la consellera d’Educació, Irene Rigau, por hacer caso omiso del mandato del Tribunal Constitucional en el sentido de llevar adelante la votación. El núcleo de la investiga- ción será el presunto delito de desobediencia que se habría cometido al no tener en cuenta la providencia dictada por el TC que impedía la convocatoria.
La reunión del pleno se celebró ayer por la mañana y asistieron todos los miembros de la sala: su presidente, Miguel Ángel Gimeno y los magistrados Maria Eugènia Alegret, Carlos Ramos, Enric Anglada, José Francisco Valls y Joan Manel Abril. Sobre la mesa tenían el estudio de las 25 denuncias y siete querellas formalizadas por el proceso participativo del 9-N, pero en realidad el debate giraba en torno a una, cuya suerte arrastraba a las demás: la de la Fiscalía.
Esta querella se presentó el pasado 21 de noviembre y acusaba a tres miembros del Gobierno de la Generalitat: Mas, Ortega y Rigau. Y lo hacía por prescindir de lo dicho por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre: el pleno de esta instancia decidió, por unanimidad de sus doce componentes, suspender la convocatoria. Según el Ministerio Público, esto constituía un delito de desobediencia, que, además, llevaba aparejados otros tres: los de prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de las funciones judiciales.
El resto de querellas y denuncias, de procedencia heterogénea, ampliaban la lista de sospechosos y delitos. Pero el núcleo del debate ayer estuvo en la posi- ble desobediencia y en el papel en el proceso participativo de Mas, Ortega y Rigau (esta última por ceder locales de votación). Así, cuestiones como la sedición o las coacciones quedaron fuera de juego inmediatamente, lo mismo que otros políticos denunciados, que eran la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; los miembros de la mesa, Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon; el portavoz del Govern, Francesc Homs; o el líder de ERC, Oriol Junqueras.
De forma que el pleno de la sala del TSJC decidió, según una nota oficial del tribunal, admitir a trámite todas las denuncias y querellas que tenían como eje la desobediencia a la citada providencia del Tribunal Constitucional, y centrar la acción en Mas, Ortega y Rigau, pero también teniendo en cuenta “todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados”. Es decir, los delitos que puedan derivarse, precisamente, de la desobediencia, como la prevaricación, la malversación o la usurpación de funciones judiciales. Una decisión, en suma, bastante en línea con lo expuesto por la Fiscalía. Una decisión del pleno tomada por mayoría, que no por unanimidad, si bien por una mayoría amplia para la apertura de la causa penal.
El trámite a seguir ahora será el siguiente: el TSJC también anunció que todas las querellas y denuncias se acumulan en un sólo procedimiento y se nombra un instructor para la causa. Como quiera que la primera acción en entrar en el tribunal fue la planteada por Manos Limpias, esta función le corresponde al ponen-
La indagación judicial también afectará a Joana Ortega e Irene Rigau, pero no al resto de denunciados
te de este asunto, que es el magistrado Joan Manel Abril. A él le corresponderá decidir qué diligencias practica y cuándo cita a declarar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, que no pueden comparecer en otra condición que no sea la de imputados. Por su cargo, Artur Mas podrá prestar testimonio en su despacho. Las defensas pueden recurrir la apertura de la causa, pero sólo de nuevo ante el pleno, con lo cual es fácil adivinar el resultado.
Diversos juristas consultados estos días por La Vanguardia habían señalado que era muy difícil rechazar la querella de la Fiscalía por motivos técnicos, descartar de plano lo expuesto por el Ministerio Público, sin entrar a prejuzgar el resultado final del proceso abierto. De hecho, el ponente designado por el TSJC para estudiarla, José María Valls, era partidario de admitirla a trámite.