El modelo comercial
La Generalitat deroga una excepción a la norma que ha amparado a más de la mitad de las licencias
El Govern ha aprobado un decreto ley que deroga la excepción que permitía abrir nuevos equipamientos comerciales fuera de los núcleos urbanos. Con esta medida, Empresa i Ocupació intenta corregir las “graves consecuencias en el modelo comercial catalán” de la anterior norma.
El Govern aprobó en su reunión de ayer un decreto ley que deroga la excepción que permitía abrir nuevos equipamientos comerciales fuera de los núcleos urbanos. Hasta ahora, cabía esta posibilidad de forma excepcional si se instalaban en las zonas contiguas a las poblaciones. Las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central para que no pudiese suspender esta medida mediante disposiciones transitorias ha llevado a la Generalitat a derogarla. Con el cambio, según informó la conselleria de Empresa i Ocupació, se defiende el interés general, ya que la aplicación práctica de la anterior norma había provocado “graves consecuencias en el modelo comercial catalán”.
El departamento que dirige Felip Puig sostiene que la excepción que acaba de suprimirse propiciaba la aparición de áreas comerciales periféricas fuera de las ciudades en perjuicio de la cohesión social y la diversidad de usos. Durante los años que ha estado en vigor, más de la mitad de las licencias aprobadas fueron solicitadas en base a esta excepción, lo que, según la conselleria, “desvirtúa” el principio general de la norma catalana de equipamientos comerciales que defiende su instalación dentro de la trama urbana. A su juicio, lo que tenía que ser una excepción se había convirtió en la norma.
El objetivo de este decreto ley, subraya Empresa i Ocupació, es dar coherencia al modelo de urbanismo comercial y al uso racional del territorio como requisitos para proteger la cohesión social. Para el Govern, la trama urbana consolidada refleja este modelo de ciudad compacta y la implantación de establecimientos comerciales dentro de los núcleos urbanos evita desplazamientos innecesarios que aumentan la contaminación atmosférica.
El Ejecutivo catalán considera que era necesario una derogación urgente de la posibilidad de aplicar una excepción porque el Gobierno central se había dirigido al Tribunal Constitucional varias veces para que la Generalitat no pudiese controlar su uso.