La corrupción como anomalía
La corrupción, que viene ocupando lamentables páginas de la crónica política, se explica en buena parte por el funcionamiento anómalo del Sistema de Integridad Nacional (SIN), que –según Transparency International– sería el formado por todas las instituciones y prácticas que de modo interrelacionado protegen a la sociedad de la corrupción. Su fortaleza se fundamentaría de abajo hacia arriba, a partir de una comunidad socialmente concienciada, que comparte unos valores democráticos y se siente comprometida –y nada indiferente– al logro de sus máximos objetivos sociales: desarrollo sostenible, Estado de derecho fuerte y calidad de vida.
El desarrollo responsable de este sistema exigiría disponer de unos pilares institucionales sólidos (legislativo, ejecutivo y judicial); unos pilares “guardianes del sistema” (tribunales de cuentas, fuerzas del orden, defensor del pueblo) independientes y eficientes, y un papel relevante de los llamados “pilares externos” (medios de comunicación, sociedad civil), cuyos responsables deberían actuar con absoluta transparencia en la gestión de todos sus procesos, potenciando la participación ciudadana, el buen gobierno y la cohesión social. Ello reforzaría su carácter democrático y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Una transparencia que ha sido –en general– más un instrumento retórico que no ha venido acompañado de medidas reales de acceso libre a la información en todos los ámbitos, presentada en tiempos oportunos y en formatos comprensibles.
La gravedad de la situación y la recuperación de la credibilidad y confianza en las instituciones exigen implementar una rendición de cuentas profunda y efectiva, vertical, con el mecanismo de las elecciones, donde el ciudadano puede enjuiciar y ejercer sus sanciones al no reelegir al partido en el gobierno que ha incumplido sus promesas o ha defraudado por su gestión.
Al tiempo que se refuerza la independencia en la rendición de cuentas horizontal, mediante la que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se rinden cuentas entre sí y frente a otras instituciones autónomas, cuya función es supervisar y fiscalizar su gestión y comportamiento. Y ello apoyado en una dotación suficiente de recursos y en la colaboración público-privada en el control de los fondos públicos.