Nicaragua, abierta en canal
Faraónico proyecto para abrir una vía de navegación alternativa a Panamá
El régimen sandinista enfrenta la mayor protesta social en varios años por su decisión de construir un canal interoceánico en Nicaragua. Las obras auxiliares del megaproyecto, que cruzará el país a través de 278 kilómetros y cuyo costo se estima en 50.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de euros), arrancaron el lunes pasado en medio de una fuerte oposición ciudadana, de organizaciones ambientalistas y de las comunidades campesinas que se niegan a vender sus tierras para dar paso a la vía que unirá las costas del Pacífico y del Caribe.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y los jefes de la empresa china HKND, a la que se adjudicó la construcción, pusieron la primera piedra del trazado de la carretera por donde llegará la maquinaria pesada a abrir brecha. Y lo hicieron sin aclarar los muchos interrogantes que cuestionan el proyecto, ideado para competir con el recién ampliado canal de Panamá.
Ni el Gobierno de Managua ni la empresa china, basada en Hong Kong, han explicado de donde saldrán los recursos para llevar adelante la obra. Tampoco han presentado los estudios de viabilidad económica y comercial –si bien sostienen que incrementará el crecimiento de la economía en un 10% anual, además de crear 50.000 empleos– y, menos aún, los informes de impacto ambiental.
El trazado del canal, con una profundidad de 30 metros y una anchura de entre 230 y 520 me- tros, atravesará el lago de Nicaragua, principal fuente de agua potable del país. Pero su lecho no ofrece suficiente calado, de modo que el proyecto obligaría a realizar descomunales labores de dragado. Las organizaciones ambientalistas aseguran que tanto las excavaciones como el tráfico naviero –estimado en unos 25.000 buques al año– ocasionarían un daño irreparable al ecosistema del lago.
En el frente logístico, las dudas son mayúsculas respecto a la capacidad de la compañía HKND para materializar la obra, con finalización prevista entre el 2019 y el 2020. Una investigación de la agencia Associated Press concluyó que la empresa no tiene experiencia en la construcción de canales ni otros proyectos de esa magnitud, y cuenta con un historial de obras inconclusas en unos 20 países, aunque ha completado sus encargos en China. El año pasado, las fuerzas parlamentarias aliadas del presidente Ortega aprobaron una ley que otorgó a HKND una concesión por 50 años, renovable por otros tantos, para construir y operar el canal, a cambio de un pago de 10 millones dólares (8,2 millones de euros) al año, cuando la vía sea practicable. La norma permite a la firma de Hong Kong desarrollar proyectos secundarios –puertos, un aeropuerto, carreteras, un ferrocarril– incluso si el canal no llega a realizarse. Pero si se concreta –algo que los detractores del proyecto consideran improbable– China consolidaría de forma exponencial su creciente influencia en Centroamérica, región his-
Un grupo empresarial chino, HKND, promete invertir unos 41.000 millones de euros La obra despierta la oposición frontal de campesinos y medioambientalistas
tóricamente dominada por Estados Unidos. Pero el impacto social de la obra es, en este momento, el mayor desafío que enfrenta el régimen sandinista. Estudios independientes indican que la construcción del canal obligará a desplazar de sus comunidades a entre 10.000 y 29.000 personas, la mayoría campesinos, que temen por el futuro de sus tierras y se han organizado para protestar. El Gobierno no ha proporcionado ninguna información sobre los terrenos que expropiará ni el valor de las indemnizaciones, si bien Ortega prometió pagar un precio justo. En un intento por calmar los ánimos, el presidente dijo en un discurso televisado que “donde pasa una carretera la tierra que antes valía 100, vale 10 veces más”, mientras anunciaba para el primer trimestre del 2015 el inicio del proceso de compra.
No obstante, el movimiento campesino ya advirtió que no permitirá el desalojo. “Estamos listos para morir antes que entregar nuestras tierras a los chinos”, dijo Orlando Ocampo, agricultor que lidera la protesta en Tule, municipio cercano a la ruta del canal en la costa caribeña. El 10 de diciembre, unas 5.000 personas marcharon por la capital, Managua, en la mayor manifestación contra el Gobierno de los últimos años. Una nueva forma de oposición política en un país donde el oficialista partido Sandinista domina todos los poderes del estado y en el que el presidente y su esposa, Rosario Murillo, la poderosa jefa de comunicaciones, controlan toda disidencia.