Alaya quiere investigar ahora todas las empresas de la Junta
La juez sospecha de “transferencias de financiación” ilegales
La magistrada Mercedes Alaya mantiene el pulso con la Junta de Andalucía en la investigación de los expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos. Un auto del pasado día 23, conocido ayer, exige a la Junta que le proporcione información sobre los resultados económicos de todas las empresas públicas, entre ellas Extenda, que impulsa la presencia de Andalucía en el extranjero, o la propia Radio Televisión de Andalucía. La juez Alaya quiere saber estas empresas realizaron pagos irregulares, mediante “transferencias de financiación” tal y como sucedía con la empresa pública IDEA, a través de la cual se canalizaba el dinero que iba a parar a las empresas implicadas en los ERE.
La información que ahora requiere Alaya ya se ha solicitado en sede judicial por cuanto otro juzgado de Sevilla, en este caso el 16, tiene abierto un procedimiento en el que se investiga si estas agencias públicas utilizaron el mismo sistema para eludir la fiscalización pública, y si esa mecánica es o no constitutiva del delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.
También quiere Mercedes Alaya que le sean remitidas “las decisiones tomadas en los Consejo de Gobierno de la Junta relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas en los años 2005, 2006 y 2007, con sus respectivos anexos, memorias y modificaciones”. Y es que la juez se mantiene fiel a su sospecha de que toda la trama de pagos supuestamente ilegales se ideó, gestó y aprobó por parte de la cúpula política de la Junta. Por ello, ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada para que la Fiscalía impute a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías.
Con estas últimas peticiones, ante las que cabe recurso, la juez quiere conocer, por ser “especialmente importantes” para la instrucción del caso ERE, las “directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, entre ellas IDEA”.
El consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, que en más de una ocasión ha discrepado abiertamente de las actuaciones de la juez, aseguró ayer que “no me he leído, ni pienso hacerlo”, el auto de Alaya. Después de asegurar que él no comenta ninguna actuación judicial, “ni de ella, ni de ningún otro juzgado”, De Llera manifestó con ironía su “preocupación” sobre “de dónde va a sacar tiempo la juez Alaya para leerse toda la documentación que ahora exige. Eso sí, esta reflexión la hago como profesional del Derecho y no como miembro del gobierno andaluz”.