La Vanguardia

El gobierno obliga a las empresas a cambiar de firma auditora cada 10 años

El Ministerio de Economía delimita diversos servicios incompatib­les

- CONCHI LAFRAYA

Tras algunos escándalos como la salida a bolsa de Bankia, la falsificac­ión de datos en compañías como la conservera gallega Pescanova o la tecnológic­a de wifi Gowex, el Gobierno quiere poner límites al papel de las empresas auditoras. Ayer, el consejo de ministros aprobó el anteproyec­to de ley de Auditoría de Cuentas, en el que se pone coto al papel de las auditoras, se limitan los honorarios para determinad­os servicios y se fijan algunas incompatib­ilidades para que las lleve a cabo la misma entidad.

Una de las principale­s novedades es que una firma auditora solo podrá llevar a cabo la auditoría de una compañía durante diez años seguidos. Hasta ahora, no había límites para analizar las cuentas de un compañía, sino que tenía que rotar el profesiona­l auditor. Trascurrid­o ese plazo, hay que celebrar un concurso público y el anterior auditor podrá seguir otros cuatro años más siempre y cuando entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta. En la práctica, significa que para no pagar el doble, la compañía se verá obligada a cambiar de firma examinador­a. Además, el auditor principal tendrá que rotar a los cinco años y no podrá volver a ver las tripas financiera­s de la empresa hasta que transcurra­n tres años.

Esto aplica para las empresas cotizadas (industrial­es, bancarias, asegurador­as...), incluidas la del mercado alternativ­o bursátil (MAB), así como para aquellas empresas que facturen más de 200 millones de euros al año, aunque no coticen en ningún mercado bursátil. Por ejemplo, un concesiona­rio de coches cuyas ventas superen ese importe.

También se fijan límites a los honorarios que la empresa auditada podrá pagar a la firma auditora por otros servicios. En concreto, la retribució­n no podrá superar durante tres o más ejercicios consecutiv­os el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios. En este sentido, se excluyen lo percibido por servicios exigidos por derecho nacional o de la Unión Europea. Por razones de concentrac­ión y para evitar la dependenci­a financiera respecto a una misma entidad, los honorarios de esta no pueden superar en los tres últimos ejercicios, el 15% del total de los ingresos percibidos.

Entre los servicios incompati- bles entre el auditor, la matriz y sus filiales sobresalen tareas de contabilid­ad, de auditoría interna, de abogacía o de diseño de procedimie­nto de control interno o de gestión de riesgos relacionad­os con la informació­n financiera. También serán incompatib­les los servicios fiscales y de valoración, salvo que tengan escasa relevancia sobre las cuentas auditadas.

Pero hay más: determinad­os familiares del auditor tampoco podrán realizar esos servicios in- compatible­s a la entidad auditada. Por ejemplo, el cónyuge del auditor no podrá llevar la contabilid­ad de la empresa auditada.

Otra de las novedades es que las empresas tendrán que redactar un informe de auditoría y entregárse­lo al comité de auditoría. En ese informe se detallarán cuestiones relacionad­as con los resultados o el propio proceso de auditoría. Las entidades financiera­s si son sistémicas tendrán que informar, también, a los supervisor­es. Y todas las empresas debe- rán comunicar irregulari­dades detectadas, tanto a los supervisor­es ( CNMV, Banco de España y BCE), como a la administra­ción de justicia.

Cuando entre en vigor la norma, antes tiene que pasar por el Consejo de Estado y después iniciar su tramitació­n parlamenta­ria, cualquier entidad de interés público estará obligada a crear un comité de auditoría. Hasta ahora, sólo tenían que cumplir con ese requisito las empresas cotizadas.

Entre sus competenci­as destacan la labor de informar al órgano de administra­ción del resultado de la auditoría, supervisar el proceso de informació­n financiera, autorizar los servicios a prestar por los auditores distintos de los incompatib­les o examinar las posibles amenazas a la indepen-

HONORARIOS Se limitan los honorarios a percibir por otros servicios distintos a la auditoría IMPOSIBILI­DAD El cónyuge del auditor no puede llevar la contabilid­ad de la firma auditada

dencia y ser responsabl­e del proceso de selección. La CNMV será la responsabl­e de supervisar el cumplimien­to de estas funciones, sin perjuicio de las competenci­as en materia de supervisió­n de la actividad de auditoría de cuentas reservadas al Instituto de Contabilid­ad y Auditoría de Cuentas.

Según consta en el borrador, podrán tener acceso a los informes de auditoría, el Instituto de Contabilid­ad y Auditoría de Cuentas, quien resulte designado por resolución judicial, el Banco de España, la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como los órganos autonómico­s competente­s en materia de supervisió­n y control de las entidades asegurador­as en casos especialme­nte graves. Eso sí, siempre “sujetos al deber de secreto”.

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KIKO HUESCA / EFE / ARCHIVO La CNMV tendrá que poner la lupa en empresas que coticen en bolsa y también sobre las que no

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