La izquierda judicial lanza una ofensiva para recuperar espacios de poder
La renuncia de Torres-Dulce como fiscal general abre una etapa de conflictos
La pugna en torno a la continuidad del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional fue sólo una escaramuza, un banco de pruebas. La izquierda judicial, desorganizada a lo largo de casi toda la legislatura, ha vuelto a movilizarse y a lanzarse en pos de objetivos de primer nivel tras la renuncia de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado.
El análisis que se hace en este sector de la judicatura es que el Gobierno muestra una gran brecha en el frente judicial, que le ha llevado a la paralización de las reformas de mayor calado en su estructura y maquinaria. Y aunque en tales medios se reconoce que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene una voluntad y una actitud abiertas y dialogantes, se cree llegado el momento de plantear batalla en toda regla, máxime en puertas de un año electoral que marcará cambios más o menos profundos en los equilibrios de poder en el país.
En paralelo a la presión que ya se ha iniciado en torno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se va a producir un incremento del control parlamentario en todas las cuestiones relacionadas con la administración de justicia y su funcionamiento, en especial en materia de lucha contra la corrupción. La izquierda judicial no actúa como correa de transmisión de partidos políticos, pero hay un hilo conductor, no sólo ideológico, que facilita que algunas palancas se muevan a la vez.
En todo caso, la ofensiva para recomponer los equilibrios en instituciones judiciales se produce en diversos escenarios. El primero es el del propio Consejo del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido ya su primer año, plazo en el que hay que replantearse posibles cambios en su comisión perma- nente, que es la instancia que controla su gestión diaria.
De entrada, debe cubrirse la vacante que dejó la renuncia de la vocal Mercè Pigem, elegida en su día a propuesta de CiU. Para su plaza en el consejo hay ya un sustituto, Antonio Álvarez-Buylla, elegido por el Senado, que llegará precedido de cierta polémica, porque estuvo imputado por una supuesta falsificación de los estatutos de los procuradores de Madrid. El caso se archivó, pero la minoría progresista del CGPJ expresó sus reservas y pidió que la renovación de la institución se estudie globalmente, no sólo para cubrir la baja de Pigem.
El cargo que dejó la citada abogada catalana era, en realidad, doble. Por un lado, el de vocal del Poder Judicial, pero por otro, el de integrante de la comisión permanente de la institución, que de hecho funciona como un órgano ejecutivo y es su núcleo de gestión. La minoría progresista del consejo quiere que ese puente de mando, compuesto por cinco vocales y el presidente del CGPJ, se renueve ahora a fondo.
Hasta ahora, la mayoría conservadora ha tenido el control de la permanente, por una doble vía. El presidente, Carlos Lesmes, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández. Y en los asuntos más relevantes vino imponiéndose una dinámica institucional que con frecuencia le facilitó el voto de Mercè Pigem y de la vocal progresista Mar Cabrejas, e incluso de Álvaro Cuesta, perteneciente al mismo sector y con especial perfil político próximo al PSOE, como exdiputado socialista de larga trayectoria en la organización.
La izquierda judicial está moviendo sus hilos para que esta dinámica cambie y haya una oposición interna más nítida en el Poder Judicial. La recomposición de la permanente tenía que haberse resuelto durante el mes de diciembre, pero el presidente del CGPJ aplazó el debate para evitar un nuevo foco de tensión, en un contexto dominado por el surgimiento de fricciones entre el Gobierno y el Tribunal Supremo y la dimisión de Torres-Dulce como fiscal general. Esta renuncia fue unánimemente interpretada dentro y fuera de la judicatura como consecuencia directa de los choques del Gobierno con la Fiscalía, y de hecho alentó los planes de los sectores progresistas de la magistratura para incrementar su estrategia de oposición.
El relevo de Mercè Pigem y el reparto de puestos en la cúpula del CGPJ suponen un pulso decisivo