La rebelión del Tribunal Supremo
La salida de presos de ETA implicados en atentados como el de Hipercor ha suscitado tensiones entre el Gobierno y los jueces. Algo parecido sucedió con la aplicación de la doctrina Parot, pero lo singular esta vez es que el Supremo se ha situado en una línea muy crítica con el Ejecutivo. Y en este asunto la izquierda judicial no está sola. De hecho, la Sala Penal del Supremo, de donde ha salido la queja, es de amplia mayoría conservadora. Pero 13 de sus 18 miembros firmaron un documento de protesta por las críticas del Ejecutivo a los jueces a raíz de las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia Nacional en cumplimiento del acuerdo marco europeo que permite acumular en España las penas cumplidas en otros países.
El Ejecutivo cree que ese acuerdo marco admite excepciones y se apoya en que ha habido sentencias contradictorias. El Supre- mo mantiene el asunto en estudio y se pronunciará definitivamente durante el mes de enero. Pero ha interpretado los comentarios del Gobierno como una injerencia. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, invitó a los magistrados del Supremo a solicitar amparo si creían atacada su independencia. Y en esta fase ya entró de lleno la izquierda judicial y política. Jueces para la Democracia (JpD) criticó la “indisimulada” cercanía de Lesmes con el “poder político”, IU le acusó de no “hacer su trabajo” en defensa de los jueces y el PSOE solicitó la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para explicar el conflicto. Otro capítulo de dura confrontación será el de algunas reformas legislativas en marcha, desde “la ley mordaza” hasta las escuchas sin autorización judicial, pasando por el Código Penal y la prisión permanente revisable.