Una cuestión de honor
Mientras el mundo entero se dispone a celebrar este año el setenta aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y a poner de manifiesto que se trata de un episodio que pertenece a la Historia, más de 10.000 japoneses pretenden que se reescriba un capítulo de aquella contienda. Reclaman al diario nipón Asahi una indemnización y una disculpa por “difundir hechos erróneos a la comunidad internacional” con sus artículos sobre las mujeres que fueron reclutadas a la fuerza y convertidas en esclavas sexuales por el ejército imperial durante aquellos años. Esta demanda, presentada el pasado lunes ante un tribunal de Tokio, revela las discrepancias que subsisten aun hoy en Japón sobre aquel conflicto. Una pugna que enfrenta a una parte de la derecha, cada vez más agresiva y revisionista, con una corriente social que asume la culpabilidad de las atrocidades cometidas por su ejército en aquella guerra.
El grupo de demandantes, dirigido por el profesor emérito de la universidad Sofia de Tokio, Shoichi Watanabe –conocido por su rechazo a aceptar hechos como la masacre de Nankin de 1937–, e integrado por investigadores, periodistas y legisladores, exigen al Asahi una indemnización de 10.000 yenes (unos 66 euros) por persona.
Reclaman esta compensación simbólica porque consideran que este diario liberal “dañó los derechos personales y el honor de los japoneses” con los repor- tajes que publicó en los años 80 y 90 sobre las esclavas sexuales, según Japan Times.
Apoyan sus reivindicaciones en la rectificación que hizo en agosto el Asahi. Reconoció que no había contrastado suficientemente las informaciones, retiró los reportajes de la hemeroteca y pidió disculpas. Un gesto que se llevó por delante a su presidente, Tadakazu Kimura.
El rotativo liberal admitió que sus artículos resultaron ser aparentemente falsos. Todos estaban basados en el testimonio de un oficial llamado Seiji Yoshida, ya fallecido, que en su día explicó haber participado en el reclutamiento forzoso de mujeres coreanas en la isla de Jeju para convertirlas en esclavas sexuales. Una afirmación que luego no pudo confirmarse.
Su publicación, sin embargo, impulsó a Japón a reconocer la existencia de burdeles con mujeres de confort reclutadas a la fuerza. Lo admitió en 1993 a través de la llamada Declaración Kono, en referencia al secretario general del Gobierno de la época, en la que presentó sus excusas a las víctimas y confesó los remordimientos generados en el país por aquellas acciones.
Una culpabilidad que ahora el actual primer ministro, el conservador Shinzo Abe, quiere revisar. Cuestiona que haya pruebas suficientes que demuestren que las autoridades estaban involucradas en el reclutamiento forzoso de centenares de miles de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales.
El acto de contrición llevado a cabo por el Asahi es el que ha dado alas ahora al sector más conservador de la sociedad nipona, que reclama que se revise esta etapa de la historia. Son los que no vacilan en considerar que aquellas mujeres eran simples prostitutas.
Un opinión que contradicen no sólo las revelaciones de las víctimas, sino los historiadores. A pesar de los escasos registros oficiales, se cifran en unas 200.000 las mujeres que sirvieron a los soldados nipones en los burdeles militares. Muchas eran de Corea, otras de China, Indonesia o Filipinas. Para todas ellas también es una cuestión de honor que se sepa la verdad.
El ‘Asahi’ reconoció en agosto que en su día no contrastó las informaciones sobre las ‘mujeres de confort’