Contra el yihadismo
Décadas de terrorismo de ETA permitieron perfeccionar la maquinaria del Estado encargada de perseguir a quienes mediante la violencia amenazaban la seguridad ciudadana, las libertades y la estabilidad política. Los servicios policiales desarrollaron estructuras y estrategias cada vez más eficaces para atajar el terrorismo, los tribunales dictaron doctrinas jurídicas afinadas y las cámaras legislativas aprobaron normas para facilitar la persecución de los etarras. El resultado, aunque llevó tiempo, fue el acogotamiento de la banda hasta forzarle a tirar la toalla.
Esa maquinaria del Estado tan eficaz contra ETA resultó que no lo era tanto para afrontar el nuevo terrorismo yihadista. ETA representaba una violencia con estructuras claras, con jerarquías, líneas de comunicaciones y transmisión de órdenes, aparatos de encuadramiento de los militantes, bases localizadas geográficamente, etcétera. Casi nada de esto tenía que ver con los yihadistas o aspirantes a yihadistas que las fuerzas de seguridad se encontraban en España: no había una organización clara, ni un canal de transmisión de órdenes o de adiestramiento, ni una línea jerárquica reconocida. Todo era más laxo: había influencia de Al Qaeda y ahora del Estado Islámico y los sospechosos estaban dispuestos a seguir sus consignas, pero la mayoría no estaban en las estructuras de estos grupos por lo que, al ser detenidos antes de hacer ningún atentado, resultaba difícil acusarles de pertenecer a una organización terrorista.
Sentencias famosas como las recaídas en los casos de la operación Duna, con todos los acusados absueltos de pertenencia a organización terrorista, o de la operación Nova, con 15 acusados absueltos del
La reforma que promueven PP y PSOE debe proporcionar mejores instrumentos para reforzar la seguridad
mismo delito por el Tribunal Supremo, pusieron de manifiesto las limitaciones que la legislación existente ofrecía para poder responder adecuadamente a la nueva amenaza terrorista. La red que había servido para atrapar a los peces etarras no era lo bastante tupida como para mantener en ella a los yihadistas.
Estas limitaciones que han ido constatando las fuerzas de seguridad y los jueces requieren nuevos instrumentos legales para hacer frente a la amenaza yihadista, una amenaza que va a estar presente durante mucho tiempo por lo que hay que preparar este combate a largo plazo con las mejores herramientas posibles.
El pacto entre el Gobierno y el PSOE transmite un mensaje de confianza a una sociedad todavía impactada por los recientes atentados de París y por el recuerdo de nuestro 11-M. En el pasado, en la lucha contra ETA, no pocas veces se adoptaron parches para afrontar problemas que ya no se podían resolver porque no se había actuado a tiempo. Esa experiencia debe servir ahora para adelantarse a los acontecimientos, para no ir a remolque de situaciones irremediables. Una reforma como la que promueven PP y PSOE debe proporcionar mejores instrumentos a los que combaten el terrorismo para reforzar la seguridad de todos.