El TSJC se reafirma en el sumario del 4-F

La sala advierte que ya estudió y archivó las denuncias

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el órgano de gobierno de los jueces en la comunidad autónoma, hizo público ayer un comunicado en el que rechaza que se produjeran irregularidades en el caso del 4-F, critica las descalificaciones realizadas por las instituciones al respecto y asegura que las denuncias por malos tratos se investigaron y no se demostraron.

Integrada por quince magistrados, la sala de gobierno es el organismo de gobierno interno de los jueces en Catalunya. Su última reunión se celebró el pasado mar- tes y uno de los puntos que tenía sobre la mesa era, precisamente, el estudio de los hechos ocurridos el 4 de febrero del 2006, cuando un urbano quedó tetrapléjico en el desalojo de un edificio okupado, en la calla Sant Pere més Baix, en Ciutat Vella. Recientemente, un documental emitido por el Canal 33, Ciutat morta, ha puesto sobre el tapete que existieron irregularidades en la investigación, proceso y juicio del asunto, en el que resultaron condenados nueve jóvenes, una de las cuales, Patricia Heras, se suicidó cuando estaba a punto de cumplir su pena.

Sin embargo, la sala no cree que existieran irregularidades, y lamenta “las descalificaciones gratuitas que se han hecho de la juez de instrucción, del tribunal sentenciador y del Tribunal Supremo”. Al respecto, hay que recordar que el Parlament de Catalunya puso en tela de juicio lo ocurrido aquel día y que el Ayuntamiento de Barcelona pidió a la Fiscalía que reabriera la investigación. A ambos estamentos se refieren los magistrados, sin nombrarlos, cuando señalan que “no es aceptable, y mucho menos si proviene de instituciones, que se dé credibilidad a un documento audiovisual o a las declaraciones de personas interesadas sin que se hayan examinado las resoluciones judiciales que cumplió todas las garantías exigibles”.

En este sentido, la sala de gobierno recuerda que se celebró un juicio en la Audiencia de Barcelona en el que participaron el fiscal, tres acusaciones particulares y nueve defensas y declararon 50 personas, y que la comisión de defensa del Col·legi d’Advocats dijo sobre el proceso (el 12 de junio de 2008) que consideraba que en las sesiones “no se pro- dujeron incidencias de carácter grave que afectasen la apariencia de imparcialidad del tribunal”.

Y en cuanto a las denuncias de malos tratos interpuestas por al- gunos de los detenidos, la sala de gobierno asegura que todas fueron investigadas y que se archivaron por ser “inverosímiles” o “plagadas de contradicciones”. Como ejemplo, refiere como en una de ellas se explica que el agredido facilita el número de placa del guardia urbano que le pega en una celda, pero omite que es mulato, “circunstancia que le hace perfectamente diferenciable del resto de los agentes, denunciados o no, que intervinieron en los incidentes que motivaron la detención del denunciante”.

Este es el segundo pronunciamiento oficial sobre lo denunciado por el documental Ciutat morta en torno a irregularidades en el proceso del 4-F. Primero fue la Fiscalía de Barcelona que descargó reabrir el caso, tal como pedía el Consistorio, porque no se dan las circunstancias para un recurso de revisión y porque el Ayuntamiento de Barcelona no está legitimado para hacerlo.

La sala señala que las denuncias por malos tratos se investigaron y se archivaron por inconsistentes