Jaque judicial a Bustos
Un caso de tráfico de influencias “de sota, caballo y rey”. Así define el fiscal la conducta de Manuel Bustos y el exdiputado Daniel Fernández.
Un caso de tráfico de influencias “de sota, caballo y rey”. Así se expresa en sus conclusiones definitivas el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, que ha solicitado una condena “contundente” para el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, su hermano Francisco, el ex secretario de organización del PSC, Daniel Fernández y la alcaldesa de Montcada i Reixach, María Elena Pérez, por la contratación a dedo de una ex alto cargo del gobierno tripartito en este último ayuntamiento.
El juicio, que se centra en una pieza derivada del caso Mercurio, quedó ayer visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La Fiscalía pide penas de dos años de prisión y seis de inhabilitación para Fernández y los Bustos por usar su influencia política para imponer a la alcaldesa –que afronta dos años de cárcel y ocho de inhabilitación– la contratación de la técnico Carmina Llumà, amañando presuntamente el concurso público convocado al efecto.
Tras recordar que el tráfico de influencias es el delito que más enjuiciamientos de personas aforadas ha provocado Bermejo critica que los procesados modificaran un proceso de selección para el que habían contratado a una empresa, “pagada por todos los ciudadanos de Montcada”, con el fin “espurio” de lograr la contratación de una técnico próxima a su partido.
En un caso que se sustenta principalmente en escuchas telefónicas, el fiscal afirma que la conversación que “más ha sentido como ciudadano” es aquella en la que los acusados se mofan del proceso de selección convocado en Montcada: “Si quieres contratar a alguien llamas a la empresa, si es que tienes una empresa contratada para eso (...) Y digo: quiero que esa sea la mejor puntuada”.
Por su parte, la defensa mantiene que fue la alcaldesa quien decidió contratar a Llumà cuando vio su currículum, pese a que inicialmente había sido declarada “no apta” por la empresa de selección de personal. Para el letrado Cristóbal Martell, el tráfico de influencias exige “motivación espuria y bastarda, pero aquí pasa todo lo contrario” dado que la alcaldesa “quería lo mejor para su municipio” y, por eso pidió “colaboración” a Fernández.