Caso Bankia: el juez Andreu pisa a fondo
La imputación de beneficiarios de tarjetas opacas y la posible imposición de fianzas civiles, decisiones clave
El caso Bankia va a entrar en una fase más resolutiva, después de que el juez Fernando Andreu haya tomado esta semana dos decisiones clave para el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades. La primera ha sido la citación como imputados de los 79 beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid y luego de Bankia, un asunto que ha levantado mucha polvareda por el evidente abuso que algunos exconsejeros y exdirectivos hicieron de este instrumento de pago. Y la segunda, que desde el punto de vista económico es mucho más importante, ha consistido en la citación de todas las partes personadas en relación con la salida a bolsa de Bankia para resolver sobre la petición de fianzas de responsabilidad civil.
La distinta relevancia económica de ambos asuntos queda de manifiesto cuando se comparan los 15,2 millones de euros gastados con las tarjetas opacas y los 4.112 millones que se piden en concepto de responsabilidad civil a la treintena de im- putados por el brazo principal de la investigación sobre Bankia, el relativo a su supuesta salida fraudulenta a bolsa. Los perjuicios causados por esta operación se cifraron en 3.092 millones de euros, pero algunos perjudicados han elevado el tiro en más de mil millones al sumarle la cuantía de las multas que a su juicio se deberían imponer por el presunto engaño llevado a cabo con las cuentas de la entidad.
Entre los imputados en la rama principal del caso Bankia figura su expresidente, Rodrigo Rato, a quien el juez Andreu ya le impuso una fianza de 3 millones de euros en relación con la autorización y uso de las tarjetas opacas. Esa cantidad es mucho menor que las que el próximo día 9 de febrero se pedirán para cada uno de los imputa- dos por las salida a bolsa de Bankia. En esa fecha tendrá lugar la vista en la que el juez oirá a las partes del proceso, para luego tomar una decisión sobre sus demandas. Hasta ahora, Andreu no había fijado cantidad alguna en concepto de responsabilidad civil, aunque se le había pedido. En particular, por parte de UPyD, que de la mano de su abogado, Andrés Herzog, y desde la presentación de su querella inicial, ha venido actuando como motor de la investigación, en ejercicio de la acción popular, junto a Alejandro Luzón, el fiscal de Anticorrupción encargado del caso.
En la Fiscalía se cree que a diferencia de lo que ocurra con el tronco principal del caso, mucho más complejo, el asunto de las tarjetas puede tener una tramitación rápida tras oír a los imputados en las próximas semanas. Anticorrupción no ve la misma responsabilidad en los administradores que autorizaron las tarjetas y las usaron abusivamente que en los exdirectivos que las utilizaron en gastos que puedan justificar. Por eso no había pedido la imputación de todos los beneficiarios de ese supuesto sobresueldo.
JOSÉ MARÍA BRUNET La Fiscalía cree que sobre las tarjetas se podrá resolver en breve, tras oír a los imputados