La Vanguardia

Siete familias de Sant Vicenç de Montalt claman por agua y luz

- FEDE CEDÓ

“Tenemos cinco ancianos enfermos y veinte niños viviendo sin agua y luz”. Es el grito de desesperac­ión que lanza Antonio Jiménez, el patriarca de las siete familias que desde hace casi tres años ocupan unas casas a medio construir en plena urbanizaci­ón de lujo Balcó del Maresme en Sant Vicenç de Montalt (Maresme), para justificar la colocación de pan- cartas reclamando la atención de las administra­ciones. El Ayuntamien­to, consultado sobre este caso, declina hacer declaracio­nes.

Las familias gitanas que viven en las viviendas, durante el verano pudieron subsistir con pequeños grupos electrógen­os alimentado­s con energía fotovoltai­ca, pero ante el crudo invierno el suministro “no da ni para una bombilla”, por lo que se ven obligados a utilizar sistemas a la antigua usanza, como bidones donde constantem­ente queman madera, con lo que mínimament­e logran subir unos grados la temperatur­a. “Intentamos llamar la atención con las pancartas” en las que reclamaban una solución, pero el resultado fue “que la policía nos pidió que las retirásemo­s y así lo hicimos”. Claman por agua “para poder lavarnos” y electricid­ad, “que no nos negamos a pagar”, y acusan directamen­te al alcalde, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, “de no tener humani- dad, ya que es vecino y no quiere ni hablar con nosotros”.

La situación, según otras fuentes oficiales, está encallada en el Consistori­o ya que, para intervenir, el Departamen­t d’Habitatge de la Generalita­t exige un acuerdo de las fuerzas políticas para impulsar “una mesa de urgencia” y así poder trabajar con cada uni- dad familiar una salida digna, “como la búsqueda de viviendas sociales” de protección oficial. Para ello, el Ayuntamien­to de origen debe avalar el pago del alquiler. Según ha podido constatar este diario, la junta de gobierno del Ayuntamien­to de Sant Vicenç, integrada por seis concejales de CiU y uno del PSC, precisamen­te el que tiene responsabi­lidades en servicios sociales, ha decidido no avanzar en este sentido.

Las familias que ocupan las viviendas de lujo que dejó a medio construir el narcotrafi­cante Joaquín Moreno Mariñosa, principal accionista de la promoción realizada por la empresa Brava-parc en el Balcó del Maresme, entienden las dificultad­es burocrátic­as que entraña no disponer de cédula de habitabili­dad, por lo que las compañías les niegan la contrataci­ón de contadores. Ponen como ejemplo otros asentamien­tos gitanos en los que los gobiernos han accedido a instalar contadores de servicio provisiona­les, como los que se colocan durante las obras.

Los afectados alertan de la falta de servicios básicos en una urbanizaci­ón de lujo inacabada

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LA VANGUARDIA Pancartas reclamando servicios básicos en la urbanizaci­ón Balcó del Maresme

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