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La marcha atrás del PP en su decisión de retirar la atención primaria a los simpapeles, y la victoria del partido de la oposición en las elecciones presidenciales de Nigeria.
EL 20 de abril del 2012, la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, decidió que las personas en situación irregular en España –unas 800.000, según llegaron a calcular en su día algunas oenegés– no tuvieran derecho a la atención sanitaria excepto urgencias, maternidad y cuidados a menores de edad. Ayer, su sucesor en el cargo, Alfonso Alonso, anunció una rectificación parcial de esa medida afirmando que los simpapeles volverán a tener derecho a la atención primaria aunque en modo alguno podrán acceder a la tarjeta sanitaria, “porque les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país”.
Para el titular de Sanidad, esta marcha atrás a medias está justificada “por cuestiones de salud pública, porque es más práctico y para evitar una saturación de urgencias”. Cabe recordar que la medida decretada en su día por Ana Mato nunca fue aplicada en ocho comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, Andalucía y el País Vasco, y en dos gobernadas por el propio Partido Popular, como son Castilla y León y Galicia. Todas ellas siguieron otorgando tarjeta sanitaria a las personas indocumentadas. Tan sólo nueve comunidades aplicaron el decreto.
En cualquier caso, la medida anunciada por Alonso deja todavía muchos interrogantes en el aire. Su aplicación no será inmediata para todos los simpapeles, sino que establece una serie de condicionantes que pueden hacerla muy restrictiva. Los inmigrantes irregulares que deseen acceder a la atención primaria deberán llevar un tiempo mínimo –todavía no definido– empadronados en su municipio y habrán de pedir cita con el trabajador social de su centro de salud, quien comprobará si cumplen los requisitos para emitir la autoriza- ción, en forma de tarjeta o papel, que acredite su derecho a ser atendidos en centros de salud durante un año y sólo en su comunidad autónoma. Sin embargo, el anuncio del ministro de momento se queda en eso, un anuncio, porque los detalles deberán decidirse con las autonomías en el Consejo Interterritorial.
A la oposición, a diversos colectivos médicos y a las oenegés les ha faltado tiempo para ver en el anuncio de Alfonso Alonso una medida electoralista, a pocas semanas de los comicios municipales y autonómicos. Hace unas semanas, toda la oposición, excepto Ciudadanos, firmó un manifiesto a favor de la cobertura sanitaria universal y comprometiéndose a restablecerla en caso de llegar al gobierno. El ministerio negó ayer vinculación entre el anuncio y las elecciones.
Más de uno expresó ayer su sorpresa e incredulidad ante las declaraciones del ministro, afirmando que el anuncio deja en el aire todavía muchas dudas. Así, para Médicos del Mundo las explicaciones de Alonso “no tienen mucho sentido” porque ser atendido sin tarjeta sanitaria implica que no existe historial médico del paciente, lo que impide hacer un seguimiento de su enfermedad. Sin tarjeta sanitaria tampoco hay un médico de referencia, y si el enfermo sólo tiene acceso a atención primaria, ¿cómo se le pueden efectuar pruebas si estas fueran necesarias para llegar a un diagnóstico? ¿Y se le podrán expedir recetas?
Cabe, pues, felicitarse de que el ministro Alonso haya rectificado la polémica medida de su antecesora. Pero esperemos que el anuncio no se quede en un nuevo parche que suponga más disfunciones en el sistema sanitario y nuevas discriminaciones para cualquier persona necesitada de asistencia médica.