Secuestro sangriento de un fiscal turco por un grupo de ultraizquierda
El asalto policial acaba con el juez y los dos agresores muertos
Los secuestradores exigían la confesión de los policías que mataron a un joven en una protesta
Una explosión y un centenar de disparos de armas de fuego pusieron punto final ayer a más de seis horas de secuestro de un fiscal por un grupo de ultraizquierda en el centro de Estambul.
A las 20.46 h (una hora menos en Barcelona) el asalto de las fuerzas de seguridad al Palacio de Justicia había acabado con el resultado oficial de dos muertos –los secuestradores– y un herido grave, el magistrado Mehmet Selim Kiraz, que falleció posteriormente en el hospital, tras recibir tres tiros en la cabeza y dos en otras partes del cuerpo.
“Todo se ha intentado” en aras de obtener la rendición sin violencia de los secuestradores, aseguró el jefe de policía, Selami Altinok.
Dos miembros de un grupo armado de extrema izquierda –el Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C), considerado terrorista por Ankara, Bruselas y Washington– lograron por la mañana introducirse armados en el juzgado del barrio de Caglayan.
Habían planeado y consiguieron tomar como rehén a Kiraz, un fiscal que desde el año pasado lleva todos los casos relacionados con las manifestaciones antigubernamentales del 2013, conocidas popularmente como las protestas del parque Gezi; la mayor crisis política para el partido en el Gobierno, el de la Justicia y Desarrollo (AKP), desde que llegó al poder en el 2002.
Al poco de conseguirlo, los dos individuos hacían pública una fotografía que se difundió rápidamente en las redes sociales, y en la que se puede ver al magistrado con la cara tapada con una mano por un individuo encapuchado, que con la otra sostiene una pistola que apunta a la frente del fiscal. A sus espaldas, insignias de la organización, de ideología mar- xista-leninista. También una imagen con el rostro de un adolescente y un lema: “Queremos a los asesinos de Berkin Elvan”.
El togado Kiraz es sobre todo conocido en Turquía por llevar el caso de Berkin Elvan, un adolescente que murió el año pasado después de 269 días en coma. Un año antes, cuando tenía catorce, fue alcanzado por un proyectil de gas al ir a comprar pan en el barrio estambulí de Okmeydani, célebre por su tradición socialista y aleví, durante una protesta antigubernamental.
Los secuestradores dejaron pasar un primer ultimátum –establecido para las tres y media de la tarde– en el que exigían cinco puntos. El primero y principal, la confesión pública y retransmitida en directo por televisión de los policías que dispararon contra Berkin. También pedían la liberación sin cargos de todos los detenidos en protestas relacionadas con el adolescente.
“Seguimos con nuestras demandas. Si hemos extendido el ultimátum es porque queríamos una declaración de prensa y así lo ha hecho el gobernador. En caso contrario, si no hubieran accedido, habríamos castigado al fiscal”, hizo saber uno de los encapuchados en una entrevista con el periodista Ismail Saymaz, del diario on line Radikal.
En el 2013 un terrorista suici- da del DHKP-C se hizo explotar ante la embajada de EE.UU. en Ankara y mató a un guardia de seguridad turco que vigilaba la entrada de la legación. También se atribuyó otro atentado suicida –en el barrio turístico de Sultanahmet, Estambul, el año pasado– sin estar ligado a él, pero es la primera vez que el grupo armado, conocido también por su instrumentalización del martirio político, se enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado turco con este tipo de demandas maximalistas, a las que, bien sabe, muy difícilmente va a acceder.
Teniendo en cuenta que el conocido como Palacio de Justicia, de enormes dimensiones e inaugurado recientemente como el “mayor juzgado de Europa”, es un claro símbolo de lo que los críticos del AKP califican de “deriva autoritaria” y la figura de Berkin se ha tornado en un símbolo de la lucha contra el Gobierno, el secuestro y muerte del fiscal toca una fibra muy sensible en la política turca. Se enmarca sin duda en un pulso de propaganda política en la que sus autores parece no descartan el autosacrificio.
“Mi hijo ha muerto, pero otra persona no debe morir”, había intentado interceder el padre de Berkin, sin éxito.