El Govern crea un registro de lobbies para fomentar la transparencia
Sindicatos, abogados, medios de comunicación y oenegés deberán inscribirse
Ser transparente (o al menos parecerlo) se ha convertido en una de las prioridades de la mayoría de las administraciones públicas, en un año con numerosas y decisivas elecciones y cuando el aluvión de casos de corrupción ha agravado el sentimiento de desafección ciudadana respecto a la clase política. Y entre esas medidas e iniciativas en pos de la transparencia, el Gobierno de la Generalitat volverá a ser pionero en España con la creación de un registro de lobbies y grupos de interés.
El proyecto de ley, impulsado por el Departament de Justícia y que deriva de la ley de Transparencia, arrancará su proceso de exposición pública y enmiendas esta semana y espera estar plenamente operativo el otoño que viene. “Queremos que sirva para impulsar un cambio de mentalidad en la relación entre la administración pública y los grupos de interés, fomentando una mayor transparencia”, apuntan fuentes del Departament de Justícia, que destacan que han tomado como referencia los registros del Parlamento y la Comisión Europea. Además se han mirado en el espejo de países como Alemania, el Reino Unido, Lituania, Francia y Austria, que ya tienen en funcionamiento sistemas de regulación y control de los grupos de interés.
Para avanzar en esa voluntad de mayor transparencia y poner freno a la corrupción, la Generalitat obligará a formar parte del registro de lobbies a cualquier organización, fundación, despacho profesional, empresa o persona privada que desee ponerse en contacto con un cargo de la admi- nistración catalana con el fin de “participar, opinar o influir” respecto a alguna iniciativa o decisión pública.
El registro exigirá, entre otras informaciones, conocer las personas o instituciones que están detrás del lobby, sus fuentes de financiación y si por ejemplo recibe subvenciones de alguna administración pública.
Además, deberán firmar un código de conducta sujeto a sanciones administrativas, y dar parte cada seis meses de sus reuniones y contactos (incluso telefónicos) con altos cargos. Formar parte de ese registro será en breve una condición sine qua non para negociar con la Generalitat. El registro se actualizará anualmente.
Un cambio radical en las reglas de conducta que, se subraya desde el Govern, quiere ser una garantía de “doble dirección”, ya que los cargos públicos también se verán obligados a seguir los cauces establecidos y tratar sólo con los lobbies registrados.
Uno de los puntos de la ley que pueda suscitar mayor controversia en los próximos meses es la definición de grupos de interés y su división en cuatro categorías, ya que por ejemplo se pasará a considerar lobbies a Cáritas, sindicatos, fundaciones políticas e incluso medios de comunicación.
En la primera de las categorías estarán situadas las consultorías profesionales y despachos de abogados, arquitectos, bancos, cajas... La segunda agrupará a las asociaciones empresariales y comerciales (Foment, Pimec, Cercle d’Economia), sindicatos (UGT, CC.OO.), colegios profesionales y medios de comunicación; la tercera, plataformas políticas (ANC, SCC, Tercera Vía), oenegés, fundaciones de partidos políticos, grupos de reflexión, instituciones académicas (universidades) y de investigación (fundaciones médicas); la cuarta categoría incluirá a las oficinas, grupos y asociaciones religiosas, no así la Iglesia católica.
El registro ofrecerá toda la información en abierto a través de una web, con información actualizada cada seis meses.