Andorra piensa ya en un gobierno de unidad nacional ante la crisis de la BPA
Los Cierco insisten en que el banco sea absorbido, pero el resto de la banca ni se lo plantea
Andorra tomó ayer conciencia de forma oficial de las importantes consecuencias que la crisis de la Banca Privada d’Andorra (BPA) va a tener sobre su economía y su sistema financiero. Toni Martí, candidato demócrata a la jefatura de Gobierno, en el transcurso del debate de investidura, abrió la puerta a un gobierno de unidad nacional y de concentración para otoño. “Será entonces cuando sabremos las verdaderas consecuencias para la economía y la sociedad andorrana de todo este asunto” precisó el político. Para Martí, “esta crisis es de una gravedad sin precedentes”.
En efecto, para verano se conocerá ya la cuantía de la sanción que el departamento del Tesoro de Estados Unidos piensa aplicar a la entidad andorrana si se confirman las acusaciones que se le hacen de vehicular y blanquear fondos procedentes de organizaciones mafiosas internacionales. También habrá entrado en vigor la ley de reestructuraciones bancarias, que deberá acompañar jurídicamente un proceso que todo el sector financiero piensa que acabará en la liquidación de la BPA.
En otoño será un buen momento para determinar en qué medida las cuatro entidades que conforman ahora la banca andorrana (Crèdit Andorrà, Andbank, Mora Bank y Banc Sabadell d’Andorra) han visto afectados sus balances por la actual crisis. Se sabrá si la natural competencia de la banca española ha tenido efectos sobre los depósitos del sistema financiero andorrano. Para nadie es un secreto, además, que sectores como el inmobiliario y de la consul- toría financiera de más abajo de la frontera han puesto su mirada en Andorra, donde ofrecerse como alternativa de inversión para los fondos que custodia la banca del principado.
La crisis de la BPA, dijo Martí, en su intervención, va a condicionar la recuperación económica “y ha sacado a la luz nuestras debilidades”, entre las que mencionó de forma explícita, “una economía poco diversificada en la que el sector financiero tiene un peso del 18%”. En este sentido, insistió en que el país no puede seguir viviendo del “margen del que hemos vivido durante años y que se ha hecho más estrecho”, en referencia a las tradicionales ventajas que tenía la plaza financiera andorrana.
Por su parte, el candidato de Liberals d’Andorra, Josep Pintat, habló de “una crisis de una magnitud y unas consecuencias difíciles de valorar”. Pintat calificó la información sobre la BPA de “shock brutal por su contundencia, pero no inesperado”. Y recriminó el hecho que “un estado amigo como Estados Unidos nos avise el día 9 de marzo de que al día siguiente va a hacer pública una nota como la del FinCEN”, el departamento de seguimiento de la delincuencia del Tesoro de EE. UU.
Lo cierto es que, pese a la inhabitual rapidez con la que han actuado las instituciones andorranas, tres semanas después de di- fundirse la nota del Tesoro, la crisis es bien perceptible por la situación de anormalidad en la que vive la BPA, donde las restricciones a la retirada de depósitos puede prolongarse todavía unas semanas, siempre en función del ritmo con el que los administradores designados por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) puedan desinvertir los activos del banco.
Ayer, precisamente, los hermanos Higini y Ramon Cierco, principales accionistas de la BPA, hicieron público un segundo comunicado en el que dicen actuar movidos sólo por el futuro de la plantilla. Los Cierco insisten en que la solución pasa por la compra de la BPA por una o varias entidades andorranas.
Sin embargo, los Cierco pare- cen ir a remolque de los acontecimientos. Pese al desgaste que esto pueda tener para las instituciones políticas del principado, la banca andorrana no quiere saber nada de absorber o repartirse los activos de la BPA. Entre otros motivos por los efectos que pueda tener una compra de estas características sobre su reputación, ahora mismo en el foco de atención de la banca internacional.
El Tesoro de EE.UU. acusa a la BPA de haber blanqueado fondos procedentes de diversas organizaciones. Entre ellas destacan los 2.000 millones de dólares canalizados por altos ejecutivos de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA), la gran receptora de divisas del régimen venezolano. También se la acusa de haber blanqueado fondos del Cártel de Sinaloa (Mexico), así como de organizaciones vinculadas a la mafia rusa (Andrei Petrov) y china (Gao Ping). Por este caso se han practicado ya detenciones, entre las cuales, la del consejero delegado, del banco, Joan Pau Miquel.
TONI MARTÍ “En otoño sabremos las verdaderas consecuencias de lo que ha ocurrido”
JOSEP PINTAT
“No puede ser que EE.UU. nos informe sólo un día antes de sacar la nota”