ATLL reclama 65 millones de facturas impagadas por Agbar
La suministradora responde que ha ingresado los importes a la Generalitat
Enésimo capítulo en el conflicto de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). La concesionaria, gestionada por un consorcio encabezado por Acciona, ha reclamado a la Generalitat los importes de las facturas que asegura no ha cobrado de empresas del grupo Agbar –suministradora en baja– y que ascienden a 65 millones de euros. Esta cantidad corresponde al servicio prestado desde agosto pasado. Ante estos impagos, la primera compañía afirma haber puesto en marcha los procedimientos previstos por la ley para exigir el cobro.
Fuentes de Agbar respondie- ron que las empresas de este grupo han ingresado todas las cantidades por el abastecimiento en alta recibido a la Generalitat, como administración titular que es, de acuerdo con el reglamento del servicio y las indicaciones recibidas de la propia Administración catalana. La razón por la que no abona los importes a ATLL es que, a su juicio, su contrato de gestión es ilegítimo ya que debió haberse apartado a Acciona de la gestión.
“La compañía (Agbar) no puede pagar a quien no es titular del contrato de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo y corresponde a la Generalitat dirimir qué parte de esos pagos le corresponde a ATLL, ya que es evidente que no le puede corresponder la totalidad de los mismos, pues hay conceptos que sólo pueden corresponder a quien tenga contrato vigente”, argumentaron fuentes de Agbar.
ATLL, que defiende la legalidad de la concesión que le fue adjudicada, asegura que fruto de sus requerimientos ante la Generalitat las empresas del grupo Agbar ya han abonado 20 millones pero quedan 45 millones y los intereses de demora generados hasta hoy, que ascienden a 350.000 euros y que, recuerda, “incrementan los costes de operación que, de forma indirecta, podrían hacerse recaer en el futuro sobre los clientes de Agbar”.
Las facturas que ATLL reclama son de Aigües de Barcelona –empresa mixta de Agbar y el AMB–, que presta servicio de suministro de agua en baja a 49 municipios, y de Sorea y Cassa, que hace lo mismo en otras 11 poblaciones.
Agbar argumenta que no puede pagar “a quien no es titular del contrato” de ATLL, en referencia a Acciona y sus socios