El programa del PP rechaza el pacto fiscal para frenar al soberanismo

Rajoy garantiza a los barones que no habrá financiación bilateral para Catalunya

CARMEN DEL RIEGO ADVERTENCIA AL PSOE El PP pide a Sánchez “responsabilidad y sentido histórico del deber de Estado”

CONTRA LOS EMERGENTES El documento llama a dar la espalda al “populismo” y el “oportunismo político”

Ni bilateralidad ni pacto fiscal con Catalunya. El PP se compromete, en su programa marco para las autonómicas del 24-M en 13 comunidades, al que ha tenido acceso este diario, a que el nuevo sistema de financiación autonómica sea fruto del consenso y la negociación multilateral. Nada de buscar satisfacer las aspiraciones del Govern y la mayoría de los partidos catalanes con un nuevo acuerdo de financiación ni siquiera para frenar el proceso soberanista. La razón es que Mariano Rajoy tiene que dar garantías a sus presidentes autonómicos, que afrontan las elecciones en un clima de malestar y preocupación agravado por el resultado de las elecciones andaluzas, que no habrá concesión alguna a las demandas de Catalunya.

“Frente a quienes consideran agotado el modelo o quienes pretenden simplemente quebrantarlo, nosotros manifestamos nuestra firme convicción de que el Estado constitucional de las autonomías es la piedra angular sobre el que se cimenta, y así debe seguir siendo, nuestro modelo de convivencia democrático”, señala el programa que será presentado el próximo sábado, en un acto que reunirá a todos los candidatos autonómicos.

Tampoco se abre puerta alguna a la reforma constitucional, como pide el PSOE, de ahí el llamamiento al partido de Pedro Sánchez, aunque sin citarlo: “Confiamos en que todos los partidos y fuerzas sociales que se sientan partícipes del proyecto común nacional, actúen con responsabilidad, altura de miras y sentido histórico del deber de Estado”. Como mucho, los populares hablan de perfeccionar el sistema: “Nos comprometemos a promover, desde el consenso, un perfeccionamiento de la articulación de las comunidades autónomas en el conjunto del Estado, mejorando su participación en la composición y el funcionamiento del sistema institucional”. No se precisa el cómo se va a llevar a cabo ese plan más allá de “la revalorización de las conferencias sectoriales como órganos de acuerdo y ejecución, desarrollando estructuras cooperativas y solidarias” así como el impulso de “un gran diálogo nacional en el que todos, libremente, podamos expresar nuestras posiciones, y juntos trabajar por el fortalecimiento de nuestro Estado de las autonomías y en el que todas las sensibilidades se vean representadas”.

Mientras tanto, el PP da respuesta a las demandas de sus propios presidentes autonómicos, en especial los más perjudicados por el actual sistema de financiación, Madrid y Valencia, y anuncia uno nuevo, “mediante parámetros claros y justos, que permitan a todas las comunidades autónomas abordar sus competencias bajo el prisma de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”. Un sistema, añade, “que tenga como elementos nucleares los principios de autonomía, solidaridad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal”, y un sistema que “debe conseguirse a través de un proceso de negociación transparente y multilateral, intentando lograr siempre el mayor consenso posible”.

A ese sistema contribuirá el Estado con sus presupuestos, un instrumento de cohesión territorial y solidaridad entre los españoles, destaca el documento. En ellos, las inversiones, se distribuirán “en función de las necesidades de desarrollo de cada territorio” y no, subraya, “en pago de contraprestaciones por apoyos políticos”. Con ello, el PP garantiza que el nuevo sistema de financiación “asegure la cohesión territorial y la solidaridad entre los españoles, independientemente del lugar en el que residan”. En este sentido, se subraya que “todos los españoles deben ser iguales en oportunidades y calidad de servicios que reciben en todo el territorio nacional”.

El programa autonómico del PP, que ha dirigido Esteban González Pons, es una reivindicación de la vi- gencia constitucional, frente a rupturismos, populismos y frente a la corrupción, los principales peligros a los que España debe hacer frente, según el PP, una vez puestas las bases de la recuperación económica, la creación de empleo y la ayuda a los más débiles.

Frente a los rupturistas, el PP proclama “la vigencia del Estado de las autonomías”, porque las comunidades autónomas “son la expresión propia, auténtica y genuina de un país plural, tolerante y diverso como el nuestro”. También dedica un apartado a los partidos emergentes. Sin citar a Podemos, o incluso a Ciudadanos, el PP apela “a la conciencia de todos los ciudadanos para desoír populismos, cantos de sirena, soluciones demagógicas, reclamos y eslóganes propios del oportunismo político, que sólo contribuyen a la destrucción de lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido”. Para revolución, se afirma, la del 78: “Una revolución silenciosa, pacífica, armónica reformista, articulada desde la lealtad institucional y que hoy algunos se han empeñado en quebrar”. Una reivindicación de la Constitución en toda regla porque sólo desde ella “seremos capaces de rechazar planteamientos de radicalidad y ruptura”.

El PP esgrime también la Constitución como solución para luchar contra la corrupción, asunto al que se alude aunque sin examen de conciencia ni mea culpa. Lo que se propone es “un gran acuerdo entre todos los españoles para devolver a nuestras instituciones el prestigio que algunos han logrado empañar”, y añade: “No basta con que la eficacia y la eficiencia sean nuestras señas de identidad. La transparencia, la cercanía a los ciudadanos, la ejemplaridad, la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidad deben ser incorporadas al ADN de nuestro sistema institucional”.

El PP se compromete a perseguir “a quienes usen la política de manera ilícita con fines personales” y proclama: “Hemos de derrotar la corrupción en las instituciones y también en todos los ámbitos de la sociedad”. Para ello impondrá controles más exigentes y una justicia más ágil y eficiente, “en la línea de las medidas de regeneración democrática ya adoptadas” por el Gobierno de Rajoy, señala el texto.