Críticas a Linde por defender la política del Gobierno “por patriotismo”
La banca argumenta “tranquilidad” ante la investigación de los créditos fiscales
En un discurso absolutamente atípico, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, defendió ayer la política de ajuste del gasto del Gobierno “por patriotismo”. Preguntado por la política de austeridad desarrollada por el Ejecutivo de Rajoy en los últimos meses, Linde respondió: “Apartarse de un camino que nos lleve a situaciones imposibles e insostenibles no es austeridad, sino sentido común, y en un sentido muy real, patriotismo”. Linde repitió el mismo argumento cuando, una vez finalizado el discurso, se le preguntó por esa defensa a ultranza manifestada en un periodo preelectoral.
El argumento de Linde fue objeto de críticas horas después de formularse. Hasta el punto de que un consejero del Banco de España, Guillem López Casasnovas, argumentó, en declaraciones a la agencia Bloomberg, que “no es correcto usar el término patriotismo”. En opinión de este economista experto en temas sanitarios, “demasiadas veces el término se ha usado inadecuadamente para ignorar algunas realidades internacionales por el bien supremo de la nación”.
En la misma línea se manifestó el secretario de política federal del PSOE, Antonio Pradas, quien reprochó al gobernador del Banco de España “su poca vergüenza y nula humanidad”.
Hasta ahora, los gobernadores del Banco de España habían mantenido un tono crítico con las políticas económicas de los respectivos gobiernos, o al menos guardaban cierta distancia.
Linde realizó estas declaraciones en el marco de unas jornadas sobre la banca organizadas por Deloitte y la Sociedad de Tasación. En el transcurso de la jornada, se puso de relieve la preocupación que entre las entidades financieras ha provocado la apertura de una investigación de Bruselas sobre los activos fiscales diferidos (créditos fiscales, o DTA por sus siglas en inglés). Los consejeros delegados de la gran banca trataron de mostrar cierta tranquilidad ante la investigación de una medida legal que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013. Esta permite a las entidades financieras convertir unos 30.000 millones de euros de créditos fiscales en capital de alta calidad al recibir el aval del Estado. Y como consecuencia de ello, pasar las pruebas de solvencia con mucha holgura.
El propio gobernador, Linde, fue el primero en señalar que la investigación se encuentra en una fase “muy preliminar”. A su juicio, se trata de un problema de “competencia, no de solvencia”. Y añadió que “no afecta sólo a las entidades españolas, sino también a las de Italia o Portugal”.
El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ahondó en la misma idea al defender que la investigación “se ubica en una fase muy embrionaria”. Recordó que es un asunto que “llevará tiempo en ser resuelto”, y remitió a una investigación del fondo de comercio bancario (good-will) que tardó seis años en cerrarse. En la misma línea se mostró el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, al recordar que los DTA están recogidos en la legislación bancaria de Basilea.
En opinión del consejero delegado de Bankia, José Sevilla, hay que mantener cierta tranquilidad, ya que “la reforma del Gobierno cumple con todos los condicionantes para no ser considerada ayudas de Estado, así que no nos genera más preocupación”.
Si Bruselas considerase al final de la investigación los avales como ayuda de Estado, queda la duda de saber quién debería contabilizarse esos 30.000 millones, pero es probable que tuviera que engrosar el déficit público. Los bancos tienen hasta 18 años para activar los créditos fiscales. Precisamente, en la aprobación de la normativa hace dos años ese te-
CRÍTICAS El consejero del Banco de España López Casasnovas criticó el argumento
ARGUMENTO Las entidades financieras defienden que la ley refrenda los avales del Ejecutivo
ma fue el que suscitó mayor debate entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos.
Para el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, la investigación “puede responder más a temas políticos que económicos”.
Luis Maria Linde quiso cerrar las dudas sobre la cuestión al señalar que la banca española está bien capitalizada, cuestión esta que es la que en último término se dirime en el debate sobre la legalidad de las ayudas.