Francia eleva su posición en Renault a casi el 20%
El Estado desafía a Ghosn e invertirá hasta 1.232 millones
El Ministerio de Economía francés anunció ayer la adquisición de un 4,73% adicional del capital del fabricante automovilístico Renault, con lo que su participación llegará al 19,73%, con el objetivo de proteger sus intereses en la empresa. En un comunicado conjunto con el Departamento de Finanzas, Economía señaló que, al término de la operación, el Estado adquirirá un total de 4 millones de títulos de Renault por una cantidad que oscilará entre 814 millones y 1.232 millones.
Ya se ha procedido a la adquisición de 9,56 millones de títulos y, según el comunicado, la adquisición se hace “a precio limitado” y “protegido por una opción de venta a precio fijo” durante seis meses. Con esta medida, el Gobierno entiende defender los intereses públicos en Renault, en particular en lo que se refiere a la llamada ley Florange, también conocida como de “reconquista de la economía real” y que en principio está destinada a proteger las empresas de capital familiar o semipúblicas frente a los fondos de inversión, principal- mente anglosajones. La ley, votada en marzo del 2014, está destinada a favorecer la estabilidad del accionariado y otorga un voto doble en las juntas de accionistas a los inversores que conserven su participación en una sociedad durante al menos dos años.
El Estado se asegura así una mayoría frente a Nissan, que tiene un 15% del capital, y obliga a Carlos Ghosn a seguir los criterios de la ley Florange.
La junta de Renault, prevista para el próximo día 30, registró en su orden del día una resolución contraria a la aplicación de esta ley en la empresa. Ante ello, “el Estado, que tiene el 15% del capital de Renault, desea darse los medios para apoyar la aplicación de esta ley”, indicó el Gobierno francés, que la consideró “una forma eficaz de incitar a los inversores a conservar sus acciones y participar mejor en el desarrollo de la empresa”.
Además, indicó que esta compra de acciones se inscribe en la “nueva doctrina del Estado” que consiste en “tener una gestión activa de su cartera” accionarial. Señaló que los intereses del Estado en las empresas son “los mismos que los de todos los inversores a largo plazo, en particular los de los empleados accionistas” y que pasan por “contribuir a su estabilidad”. La operación, añade el comunicado, “ilustra la importancia estratégica de la participación estatal en Renault”, pero “no presupone ningún movimiento duradero al alza o a la baja de su participación en el capital de la empresa”. Para el ministro de Economía, Emmanuel Macron, la compra de acciones de Renault persigue “promover un capitalismo de progreso, de largo plazo, al servicio de los asalariados y del desarrollo de las empresas”. Para su colega de Finanzas, Michel Sapin, persigue garantizar “el desarrollo duradero de la economía y de los intereses patrimoniales” del Estado.
El Gobierno quiere asegurarse de que la empresa aplica la nueva ley sobre estabilidad accionarial